El Gobierno exige al PP que acepte renovar la composición del Tribunal de Cuentas, cuyo mandato expira en julio. La reclamación llega apenas horas después de que el órgano fiscalizador reclamara más de cinco millones de euros a dirigentes del procés como Artur Mas, Carles Puigdemont u Oriol Junqueras, lo que ha provocado malestar en el independentismo, que insta al Ejecutivo a que actúe para evitar que estos líderes políticos tengan que responder con su patrimonio.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, afirmó que "no es de recibo" que el principal partido de la oposición bloquee el cumplimiento del "mandato constitucional" y "boicotee" la renovación de ese órgano. Es una "actitud antidemocrática", insistió Montero, quien acusó a los populares de bloquear instituciones como el Tribunal de Cuentas, el Defensor del Pueblo o el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), cuyo mandato caducó hace más de dos años.

Lo que evitó Montero es pronunciarse sobre futuros pasos en caso de que ese bloqueo persista: el Gobierno, dijo, va a "esperar" a que se cumpla el mandato de los miembros del tribunal para dar una "oportunidad" a que el PP "rectifique" su veto. Se da la circunstancia de que, para intentar forzar la renovación del CGPJ, PSOE y Unidas Podemos llegaron a presentar una iniciativa parlamentaria que rebajaba las mayorías necesarias para elegir a sus miembros, propuesta que provocó el reproche de la UE y la oposición, y que acabó retirándose.

El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, dijo por su parte que el bloqueo "hace mucho daño a la democracia" y que "no hay excusa para la no renovación", porque el cumplimiento de la Constitución y el resto de leyes constituye un elemento "básico" para la seguridad jurídica y la "convivencia".

En todo caso, el Gobierno intentó desvincular la presión para renovar el órgano de las tensiones con sus socios independentistas generadas tras la exigencia, por parte del tribunal, de cantidades millonarias a los líderes del procés. Si finalmente se produjera, la elección de nuevos miembros "no va a alterar las investigaciones", sostuvo Montero, quien subrayó el "respeto" del Ejecutivo al Tribunal de Cuentas.

En la reunión que mantendrán en la tarde de este martes, el president de la Generalitat, Pere Aragonès, pedirá a Sánchez que actúe para acabar con la "represión económica" que, en opinión del Govern, ejerce el Tribunal de Cuentas, según avanzó la portavoz del gobierno catalán, Patrícia Plaja, quien calificó de "anomalía democrática" que un organismo "parajudicial" tenga "margen para hacer todo lo que está haciendo".

En el Congreso, los diputados de Junts y PdeCAT también reclamaron al Gobierno que dé ordenes a la Abogacía General del Estado para que se retire de la causa abierta por el Tribunal de Cuentas contra los líderes del procés. La portavoz de Junts, Miriam Nogueras, pidió "más hechos y menos palabras", mientras que el del PdeCAT, Ferrán Bel, acusó al órgano de estar "absolutamente politizado".

El expresident Artur Mas, por su parte, acusó al Estado de buscar "la muerte civil y política" de los ex altos cargos del Govern implicados en la liquidación del Tribunal de Cuentas: "Es un abuso de poder en toda regla. Esto no es simplemente la aplicación de un marco legal. Es el abuso total de este marco legal, la distorsión del marco legal para conseguir su objetivo, que no es otro que el castigo y la venganza, la represión", afirmó.

En los últimos días, miembros del Gobierno como José Luis Ábalos o Irene Montero se mostraron partidarios de algún tipo de intervención. El pasado viernes, el ministro de Transportes dijo que esta causa es una "piedra en el camino" y que el Ejecutivo tiene que "ir desempedrando" el recorrido, mientras que la titular de Igualdad apuntó, este lunes, que es "partidaria de eliminar todo lo que no sea eminentemente político".