Después de un año reuniéndose todas las semanas por videoconferencia, la ministra de Sanidad, Carolina Darias, se verá este miércoles cara a cara en el Senado con los consejeros autonómicos, en el primer Consejo Interterritorial de Sanidad ordinario que se celebra desde que empezó la pandemia, de manera presencial. Entre los puntos de una extensa agenda que no solo versa sobre la pandemia, figura la creación del Comité que evaluará la gestión de la pandemia no solo por parte del Gobierno sino también de las comunidades, pero que ya no tiene el mandato de hacer la auditoría de la "gestión" que el año pasado pidió un grupo de científicos, sino de valorar el "desempeño". 

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El Gobierno ha querido dar pompa a una reunión que suele tener lugar en el Ministerio o, como mucho, viajaba por las comunidades. En esta ocasión será en la Cámara Alta, donde se reúne un foro de más alto nivel, la Conferencia de Presidentes. 

Gestión de la pandemia 

Para darle más realce, el Gobierno se dispone por fin a someter a la aprobación de los consejeros autonómicos algo que anunció en octubre de 2020, una evaluación sobre la gestión de la pandemia, que según los planes que ha transmitido Sanidad a las comunidades no se centrará solo en la acción del Gobierno sino también de las autonomías. Por otra parte, se aprobarán las 69 actas de otros Consejos Interterritoriales con carácter extraordinarios que abarcan toda la crisis sanitaria por la Covid y cuyas discusiones no se han hecho accesibles hasta el momento.

"Comité de Evaluación del desempeño del SNS [Sistema Nacional de Salud] durante la pandemia", es el epígrafe de la agenda del Consejo Interterritorial sobre una cuestión que nació de la reclamación que un grupo de científicos españoles lanzaron en la revista The Lancet el año pasado para exigir al Gobierno una revisión de cómo se estaba gestionado la pandemia, en un contexto en el que España era de los países donde más personas estaban muriendo.

El año pasado, el exministro de Sanidad Salvador Illa ya rebajó las expectativas al descartar que la evaluación fuera a ser una auditoría externa. En su lugar, la harían miembros del Ministerio y de las comunidades y los mismos expertos que la reclamaron hace un año no esperan ya que sirva para corregir nada de lo que se haya hecho, sino un planteamiento más a futuro para prevenir nuevas crisis.

También como novedad, el Consejo Interterritorial abordará la creación de la "Comisión de Salud Digital", un departamento al que Sanidad ha dado realce durante la pandemia con el nombramiento de un secretario general -Alfredo González-, encargado del reparto de las vacunas entre las comunidades o del 'pasaporte Covid'. 

La agenda está formada por 19 puntos, entre los que estarán los 'clásicos' de la pandemia, para que ministros y consejeros evalúen la situación epidemiológica, el proceso de vacunación, en un contexto de aumento de contagios particularmente entre la población más joven y todavía no inmunizada, del macrobrote de Mallorca y de los planes para acelerar la vacunación entre los mayores de 60 que aún esperan su segunda dosis de AstraZeneca para evitar que les afecte la expansión de la variante delta. También figura en el orden del día la puesta en marcha del 'pasaporte Covid', justo un día antes de que entre en vigor de forma obligatoria en toda la UE. 

Desacuerdos entre Darias y los consejeros

De estas y otras cuestiones que afortunadamente ya no están relacionadas con la pandemia hablarán Darias y el ministro de Política Territorial, Miquel Iceta, con los consejeros en un Consejo Interterritorial al que el Gobierno ha querido emplazar en un lugar extraordinario, en el Senado. Habrá que ver si la ocasión especial rebajará los enfrentamientos, desplantes e imposiciones entre ministros y consejeros que se han vivido casi semanalmente desde que con el final de la desescalada en junio de 2020 el Consejo Interterritorial se convirtió en el órgano de referencia sobre la pandemia entre Gobierno y comunidades.

Las restricciones de Navidad o Semana Santa, la decisión de paralizar la vacunación con AstraZeneca a menores de 60 años o, más recientemente, la de reabrir el ocio nocturno se han tomado en los sucesivos Consejos Interterritoriales, donde ministros y consejeros se veían a través de una pantalla.

La distancia, en todo caso, no ha enfriado en muchas ocasiones las discusiones y los enfrentamientos entre consejeros con los ministros. La aparición del Consejo Interterritorial como órgano de discusión y decisión estrella surgió con Illa como ministro, a quien comunidades e incluso en el  propio Ministerio se le reconoce mucha más cintura política que su sucesora, Darias, a la hora de tratar con los consejeros.

La actual ministra se ha ganado la fama de querer imponer sus planes acudiendo a la mayoría de consejeros de comunidades socialistas en lugar de buscar el consenso, que era la práctica habitual en los Consejos de antes de que empezara la crisis sanitaria. También se le ha reprochado no informar de sus planes hasta casi el último momento o no contar lo suficiente con las comunidades, por ejemplo, por lo que respecta al fin del uso de mascarillas al aire libre, de lo que solo informó a las autonomías un día antes de que el Consejo de Ministros aprobara el decreto ley.

En frente, Darias ha tenido normalmente a las comunidades gobernadas por el PP, con la de Madrid a la cabeza. Con Illa, algunas como Galicia o Castilla y León no pasaban de la abstención, pero con el cambio en Sanidad las posiciones se endurecieron y semana tras semana los consejeros populares dejaron clara su postura en contra de los planteamientos de Darias.

Pero no han sido los únicos. Cataluña (ERC y JxCat) y País Vasco (PNV) se han revuelto en contra de los intentos de la ministra por decidir sobre competencias autonómicas, como ocurrió recientemente con los horarios de apertura de restauración y ocio nocturno, unos planes en los que Daria tuvo que recular ante la oposición generalizada de las comunidades para dejar en sus manos una decisión que de la noche a la mañana pasó de ser una obligación a una recomendación.

La repentina decisión de suspender la vacunación con AstraZeneca a menores de 60 años y las alternativas que Sanidad buscó provocaron también los recelos y los votos en contra de comunidades socialistas como Castilla-La Mancha o Aragón.