Según señala el preámbulo de la ley, consultada por Europa Press, la pandemia originada por la COVID-19 ha "aconsejado" el impulso de medidas en orden a tramitar con la "deseable celeridad, pero sin merma de la necesaria seguridad jurídica" la resolución de los procedimientos de concesión de ayudas.

Estas ayudas están destinadas a atender las situaciones económicas derivadas de la pandemia y, según apunta, su agilización permite apoyar a la sociedad con el intercambio de datos entre Administraciones, reduciendo por tanto la documentación a presentar por parte de los interesados.

La ley pretende articular una nueva colaboración, similar a la establecida por la Ley de Cantabria 3/2020, de 28 de mayo, y por la Ley de Cantabria 9/2020, de 2 de diciembre, aunque extendida a todas las líneas de ayudas que ya estén siendo tramitadas por Sodercan y a las que se convoquen por esta sociedad durante el año 2021.

Su finalidad es mejorar la gestión de las subvenciones, reduciendo la documentación a presentar y la presencia de los interesados en las oficinas públicas para obtener físicamente los correspondientes certificados de cumplimiento de obligaciones tributarias y de Seguridad Social.

Así, de forma excepcional y por un período de seis meses, con el propósito de favorecer la resolución de los expedientes con "celeridad" y exclusivamente en relación con las líneas de ayudas que estén siendo tramitadas por Sodercan y con las que se convoquen por esta sociedad durante 2021, la Consejería será también competente para ejercer aquellas funciones vinculadas a la comprobación del cumplimiento de los requisitos y obligaciones de los solicitantes y beneficiarios de las ayudas, así como las relacionadas con el apoyo en las tareas de instrucción y tramitación atribuidas a Sodercan.