Según la consejera de Salud y portavoz, Sara Alba, "tal y como destacó el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, esta ley supone un indiscutible avance en libertad, en derechos civiles y en dignidad del ser humano".

Alba ha señalado, asimismo, que "se trata de una norma muy garantista que hemos elaborado con el asesoramiento de reconocidos expertos de la Universidad de La Rioja".

"Esta colaboración -ha añadido- nos ha permitido asentar la máxima compatibilidad entre los principios esenciales recogidos en la Constitución, los derechos fundamentales a la vida y a la integridad física y moral, así como la defensa a la dignidad, la libertad o la autonomía de la voluntad".

Este marco normativo, que se publicará en el Boletín Oficial de La Rioja de mañana, comprende el decreto para la creación de la Comisión de Garantía y Evaluación, cuyos miembros serán nombrados la próxima semana, y del Registro de Objetores.

En este registro, que también estará en funcionamiento la próxima semana, los profesionales sanitarios directamente implicados en la asistencia práctica de la eutanasia podrán ejercer su derecho a la objeción de conciencia.

LA COMISIÓN, CLAVE EN LA APLICACIÓN DE LA LEY DE EUTANASIA.

La Comisión de Garantía y Evaluación es el órgano que resuelve sobre la prestación de la ayuda para morir a los ciudadanos que soliciten ejercer este derecho y vela por el cumplimiento de todos los procedimientos, requisitos y condiciones precisas para el nacimiento del derecho.

Adscrita a la Consejería de Salud y Portavocía del Gobierno, la Comisión está compuesta en La Rioja por cuatro profesionales sanitarios (tres médicos y una enfermera) y tres profesionales de perfil jurídico y estará asistida por un secretario del cuerpo de Letrados de la Comunidad Autónoma.

La participación de este equipo multidisciplinar asegura el correcto cumplimiento de todos y cada uno de los procedimientos que articula a Ley Orgánica, desde la verificación de que la persona solicitante está en pleno uso de sus facultades al solicitar y ejercer este derecho, la resolución de las reclamaciones ante los informes médicos o de los miembros de la Comisión, hasta la resolución de la prestación de la ayuda médica, que se llevará a cabo en un plazo máximo de siete días naturales, una vez ha sido aprobada la solicitud.