El Ministerio público, que también pide que se condena con una multa de 80.000 euros a la mercantil del acusado, explica en su escrito que el procesado, "con la idea preconcebida de obtener un beneficio económico ilícito", contrató con una mujer la rehabilitación de una vivienda con el compromiso de acabar en cuatro meses.

Ella hizo un pago de 24.290 euros pero él solo llevó a cabo la demolición del tejado y del interior de la casa, así como el inicio del cerramiento de la finca.

Explica la Fiscalía que entonces, aduciendo una supuesta denuncia de la Dirección General de Carreteras, renegoció el contrato para, por 10.000 euros más, tirar la vivienda y rehacerla unos metros más atrás.

Sin embargo, de acuerdo con la acusación pública, el implicado "solo ganaba tiempo con esta excusa, pues nunca realizó más trabajos en la obra, a pesar de recibir más ingresos de la perjudicada en los meses sucesivos", hasta un total de 44.290 euros.

El ministerio considera estos hechos un delito de estafa merecedor de una pena de cuatro años de prisión y multa de 4.500 euros. Además, también pide condena para la mercantil del acusado: una multa de 80.000 euros.

Y en concepto de responsabilidad civil, solicita que tanto el acusado como su empresa indemnicen a la perjudicada en 25.000 euros.

El juicio se celebrará el jueves 24 de junio a las 12.00 horas en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Cantabria.