"No puede haber convivencia sin ley". Así de contundente se mostró este martes el líder del PP, Pablo Casado, que anunció que su partido recurrirá los indultos a los presos del procés personándose como parte perjudicada. Y es que una vez aprobada la medida de gracia en el Consejo de Ministros, es el turno de la oposición, que ya trabaja en los recursos para que los independentistas "vuelvan a donde deben estar: a la cárcel", como señaló el portavoz de Ciudadanos, Edmundo Bal, en el Congreso de los Diputados.

PP, Ciudadanos y Vox ya anunciaron y han reiterado estos días que nada más publicarse los indultos en el Boletín Oficial del Estado procederán a recurrirlos ante los tribunales. De ser admitidos, todos ellos están convencidos de que pueden echar abajo la medida de gracia al considerar que el informe del Supremo es "demoledor" y la lista de motivos por los que se puede recurrir un indulto se ha ampliado mucho.

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Sostienen, además, que se han dado muchos casos en los que la Sala Tercera del Tribunal Supremo ha acabado revocando los indultos concedidos por el Gobierno cuando éste ha tomado una decisión en contra del criterio de la sala sentenciadora. No obstante, el primer escollo al que se enfrentan es el de demostrar su "legitimidad" para que el recurso sea admitido, y en ello están inmersos. 

Solo Vox se presentó como acusación popular en el juicio del procés, por lo que a priori tendría más posibilidades de llevar su recurso a buen puerto, ya que además de esta figura, solo podrían recurrir la Fiscalía y la Abogacía del Estado. De esta forma, PP y Ciudadanos trabajan meticulosamente en buscar la forma de argumentar esa "legitimidad" sin estar en ninguno de los tres supuestos descritos. El líder popular, Pablo Casado, ya avanzó en una entrevista este martes que lo hará como "parte perjudicada", que se justificaría basándose en el informe de la Guardia Civil que le sitúa como uno de los objetivos de los CDR, que habrían investigado a líderes políticos, entre ellos el propio Casado, para un posible atentado en su contra.

"Creo que en este caso podemos decir que si los CDR son la continuación del 1 de octubre, si son aquellos a los que el señor Torra les decía 'seguir apretando', y son aquellos que reportaban sus acciones al presidente de la Generalitat, al que apodaban Gandalf, podemos decir que somos parte perjudicada", manifestó Casado, que mencionó además a otros miembros de su partido, como el líder del PP catalán, Alejandro Fernández, al que "reventaron el coche en su propio domicilio y le pintaron todo el garaje".

El Consejero de Justicia de la Comunidad de Madrid, Enrique López, denunció que no existe la utilidad pública que defiende el Gobierno ya es esta debe estar "en connivencia con el interés general y no pueden ser considerados de utilidad pública cuando el pueblo español están en contra".

Precisamente este martes, el PP defendió el Congreso su Proposición de Ley para modificar la ley del indulto y que no puedan acogerse los condenados por sedición o rebelión. La iniciativa fue rechazada por el Congreso pero obligó a debatir una vez más sobre este asunto. El diputado popular, Carlos Rojas, acusó al Gobierno de utilizar este recurso como moneda de cambio con fines político partidistas. "Si el estado no se hace respetar, nos pone en peligro a todos", sentenció.

Paralelamente, en el Senado los populares cuestionaban el cambio de criterio del Ejecutivo al no defender los indultos en el debate de investidura y asegurar endurecer las condenas por celebrar referéndums ilegales para luego hacer lo contrario. "¿Cuándo decían la verdad a los españoles, entonces o ahora?", preguntaba el senador Juan Carlos Floriano al ministro de Justicia, al que afeaba su "decisión arbitraria " que, a su juicio, "humilla al Tribunal Constitucional y al Gobierno".

Ciudadanos también defenderá que es parte perjudicada

Ciudadanos, por su parte, también intentará justificar que es parte perjudicada, aunque no ha concretado en qué basará este argumento como sí ha hecho el PP. En su caso, explicará los argumentos de su escrito cuando lo presenten ante los tribunales, pero no antes.

La formación naranja también arremetió este martes duramente contra el Gobierno, siguiendo la línea de las últimas semanas. La líder del partido, Inés Arrimadas, justificaba el recurso a las puertas del Parlament de Cataluña, alegando que los indultos van en contra del sentido de sendos informes de Tribunal Supremo y Fiscalía, así como porque "las personas no solo no se arrepienten, sino que han anunciado pública y repetidamente que lo volverán a hacer".

Arrimadas denunció que Sánchez "ha copiado el lenguaje de los separatistas de que hay un 'conflicto político'", y le respondió que lo que "necesitan millones de catalanes constitucionalistas es respeto y tener voz".

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El portavoz de Ciudadanos, que defendió en el Congreso la reforma de la ley de indultos propuesta por el PP para evitar que puedan acogerse los condenados por sedición y rebelión, aseveró desde la tribuna que su partido "peleó por la democracia y la convivencia" tras el 1 de octubre y la decisión del Gobierno supone un "desprecio" hacia su partido. 

Edmundo Bal, abogado del Estado cuando se sucedieron los hechos, explicó  también las consecuencias que sufrió personalmente tras el 1-O. "Yo en Madrid luché por defender la Constitución y la ley, y lo paseé mal. Me cesaron". Sin embargo, mandó una advertencia a los independentistas, que nada más aprobarse el indulto avanzaron un paso más pidiendo un referéndum pactado: "No han ganado", recalcó Bal, que utilizó una frase ya asociada al secesionismo. "Lo volveremos a hacer. Si vuelven a dar un golpe contra la democracia volverán a ir a la cárcel, porque no hay indulto que valga para los reincidentes".

Vox se querellará contra los ministros

El partido de Abascal calificó la medida del Gobierno como "golpe de estado institucional" y se mostró confiado en que al personarse como acusación popular, la sala de lo Contencioso-Administrativo estime su recurso contra los indultos. Además, avanzó este martes que irá más allá y presentará una querella contra los ministros del Gobierno por aprobar la medida de gracia al considerar que incurren en "una desviación de poder que deriva en prevaricación penal", como explicó la portavoz de Vox, Macarena Olona.

En el Senado, Jacobo González-Perotto reprochó al titular de Justicia que defienda ahora los indultos cuando hace solo cinco años él mismo presentó una Proposición de Ley para que los condenados por sedición y rebelión no pudieran ser indultados. El senador de Vox recordó que entonces la iniciativa contó con el apoyo de toda la cámara, al contrario que con los indultos, y le advirtió: "Pagarán todos ustedes por traidores al pueblo español. No vayan de la mano de quienes empuñan el odio del separatismo".