Según relata el escrito de acusación de conformidad, a raíz tanto de la detención del acusado Y.H por parte de la Guardia Civil de Villamediana el 9 de abril de 2018, como de la información de que disponía este cuerpo sobre su posible implicación en el tráfico de drogas, la Policía Judicial estableció operativos de control.

Así se llegó a determinar que el acusado se dedicaba a la distribución de sustancias estupefacientes, principalmente hachís, y operaba en Logroño y, también, en otros municipios cercanos tanto en esta comunidad como en otras limítrofes.

Tenía, además, "estrechos vínculos" con una organización dedicada a la producción en Marruecos, transporte a la península, almacenaje y posterior distribución en España de sustancias estupefacientes.

El acusado adquiría estas sustancias a varios proveedores y su principal canal de abastecimiento era una organización asentada en Madrid, dedicada a la distribución a gran escala de hachís y cocaína liderada por otro de los acusados: A.E.A.

"Esta organización tenía como principal cometido hacer llegar hachís a la península, concretamente a las costas andaluzas, así como transportarlo y almacenarlo después en Madrid y, desde ahí, distribuirlo a otros puntos de España".

Y.H utilizaba varios pisos en Logroño como 'guarderías', así como un garaje próximo a un centro comercial; y hacía uso de medios de transporte distintos, y terceras personas de su confianza.

Pese a no desarrollar actividad laboral lícita, ni tener recursos de procedencia legal, el acusado mantenía un alto nivel de vida, con importantes gastos de ocio.

El 14 de julio de 2019, en Grañón, agentes de la Guardia Civil de Santo Domingo hallaron 9.572,5 gramos de resina de cannabis en el interior de la carrocería de un turismo conducido desde Madrid por el también acuisado A.E.M. El precio de la droga alcanzaba los 55.999,13 euros.

Como consecuencia de las intervenciones telefónicas se encontró, también, un paquete de cocaína que en el mercado ilícito habría tenido un precio de 20.617,06. Se desprendió cómo A.E.M hacía funciones de transporte y ocultación de la droga.

Por otro lado, el acusado M.L facilitó sus datos a Y.H para que formalizara varios contratos de arrendamiento, "dificultando ambos de esta forma la investigación policial".

Y el acusado R.T era una persona de confianza del primer acusado y colaboraba con él, guardando droga en su domicilio y entregando la misma a terceros compradores.

Tras apuntar la concurrencia de circunstancia atenuante de toxicomanía se impone: al acusado Y.H cuatro años y medio de cárcel y multa de 222.498,57 euros; a A.E.A cuatro años y 107.537,54 euros de multa; a A.E.M tres años y medio de cárcel y multa de 76.616,19 euros; a R.T tres años de cárcel y multa de 15.966,28 euros; y a M.L un año y medio de cárcel y multa de 72.941,19 euros.