El importe de dicha subvención está destinado a contribuir a la financiación de los costes derivados del desarrollo de las acciones para responder a la emergencia de asistencia y socorro a embarcaciones de personas migrantes que utilizan las rutas marítimas del Mediterráneo y monitorización del cumplimiento de los derechos humanos en la mar.

Según ha afirmado el Gobierno Vasco, es de "interés público, social y humanitario el desarrollo de estas acciones, que contribuyen a salvar vidas, en tanto se articulan respuestas adecuadas para las personas solicitantes de protección internacional, tal y como se recoge en el documento marco para orientar de forma compartida la respuesta social, política, interinstitucional e interdepartamental a la crisis humanitaria que sufren las personas refugiadas en el Mediterráneo".

La Asociación Salvamento Marítimo Humanitario, responsable del Aita Mari y formada por profesionales de emergencias y por un nutrido número de personas voluntarias, tiene como objetivo salvaguardar la vida de las personas en la mar y la defensa de los Derechos Humanos, y cuenta con apoyo, no solo económico, del Ejecutivo vasco.

Este apoyo responde al compromiso "proactivo" del Gobierno Vasco para atender con agilidad y premura las situaciones que requieren implicación humanitaria de urgencia en cada momento.

El número de personas que consigue alcanzar Europa a través de la vía del Mediterráneo Central -entre Libia, Túnez, Italia y Malta- ha descendido en los últimos años, pero continúa siendo una de las más peligrosas y en las que más muertos y desaparecidos se producen.

De hecho, en los primeros cinco meses de 2021, el Andra Mari ha rescatado en dos misiones a más de doscientas personas: 148 en febrero y 66 en mayo. Asimismo, el mes pasado, durante su quinta misión, participó en la búsqueda de una patera con 95 personas, que finalmente fueron rescatadas por un barco mercante.