Iceta corrige a Ábalos: el Gobierno aún "está negociando" si recurre este martes el tope al precio del alquiler en Cataluña

  • El ministro de Transportes dio por hecho que se presentará el recurso, aunque sin solicitar la suspensión de la ley.
El ministro de Transportes, José Luis Ábalos, comparece tras el Consejo de Ministros de este martes.
El ministro de Transportes, José Luis Ábalos.
FERNANDO VILLAR / EFE

El Gobierno no se aclara sobre si intentará acabar con la limitación de los precios del alquiler en Cataluña. El ministro de Transportes, José Luis Ábalos, anunció este lunes que el Consejo de Ministros aprobará este martes la presentación de un recurso ante el Tribunal Constitucional contra la ley de vivienda catalana, que precisamente permite limitar precios del arrendamiento. Sin embargo, el Ministerio de Política Territorial que dirige Miquel Iceta -encargado de presentar este recurso- desmiente a este diario que aún haya una decisión tomada. "Se está negociando", señalan estas fuentes.

El Ejecutivo ha pasado varios días incómodos porque este asunto ha soliviantado a los grupos activistas por el derecho a la vivienda. De hecho, el pasado viernes el Sindicato de Inquilinos congregó a buena parte de los socios parlamentarios del Gobierno y también a Unidas Podemos a las puertas del Congreso para exigir al Ejecutivo que no presentase este recurso. Esta presión ha resultado en que, a modo de "gesto" -tal y como lo calificó Ábalos-, el Ejecutivo tenga decidido no pedir la suspensión cautelar de la ley.

Esa decisión implica que, incluso si el Consejo de Ministros decide aprobar este martes la presentación del recurso, la norma -y, por ende, la limitación de precios- podría seguir en vigor hasta que el Constitucional decida. La admisión a trámite de un recurso de inconstitucionalidad no conlleva, por regla general, la suspensión automática de los preceptos legales impugnados salvo que así lo pida el presidente del Gobierno en el caso de las leyes autonómicas.

El ministro de Transportes justificó la decisión afirmando que la posible inconstitucionalidad de la ley -el Gobierno entiende que invade competencias estatales- obliga al Ejecutivo a recurrir. "Es muy difícil no hacerlo cuando la Comisión de Garantías Estatutarias de Cataluña emite un informe tan negativo como el que emitió", apuntó Ábalos. Y fue incluso más tajante: "Con ese informe es imposible no recurrir", sostuvo, pese a lo cual enfatizó la importancia del "gesto" que, dijo, el Gobierno va a tener no pidiendo la suspensión de la norma. 

El pasado miércoles, el ministro Iceta ya utilizó ese mismo argumento para dejar caer la posibilidad de presentar este recurso. "Si una ley autonómica vulnera el marco competencial, yo tengo políticamente, moralmente y legalmente la obligación de presentar ese recurso", apuntó el titular de Política Territorial. Precisamente fueron esas declaraciones las que provocaron que, al día siguiente, el Sindicato de Inquilinos se manifestase frente al Congreso exigiendo al Gobierno que reconsiderase esa opción.

Si finalmente el Gobierno llevara al Constitucional la ley catalana de vivienda tensaría su relación con la Generalitat en un momento clave, en pleno proceso de concesión de los indultos a los líderes independentistas condenados por el procés. De hecho, ERC, JxCat y la CUP, así como En Comú Podem -la rama catalana de Unidas Podemos-, firmaron el viernes pasado una declaración escrita en la que se comprometieron a defender la ley catalana "hasta las últimas consecuencias". 

"Se trata de una ley basada en el Codi Civil catalán y que en ningún caso invade competencias estatales", denuncia este texto, que espeta que "no es admisible el uso de argumentos supuestamente jurídicos para esconder lo que en realidad son diferencias políticas". De fondo se encuentra la discrepancia entre el PSOE y Unidas Podemos que lleva meses bloqueando el acuerdo para establecer una ley de vivienda a nivel estatal: mientras los morados apuestan por incluir en ella un marco que permita a los ayuntamientos limitar los precios del alquiler, los socialistas se niegan y abogan por un mecanismo de exenciones fiscales a propietarios que bajen precios.

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