La Fiscalía Superior de Cataluña ha pedido condenar al exconseller de Interior Miquel Buch a seis años de prisión y 27 de inhabilitación por supuestamente facilitar servicio de escolta al expresidente del Govern Carles Puigdemont en Bélgica y crear una plaza de asesor para que esta labor corriera a cargo del erario público.

El escrito de acusación atribuye a Buch los presuntos delitos de malversación y prevaricación, y también acusa al sargento de los Mossos d'Esquadra Lluís Escolà como cooperador necesario.

El fiscal sostiene que Buch decidió facilitar a Puigdemont un servicio de protección en el extranjero con "personas de su estricta confianza a costa del erario público".

Sànchez pedirá a Elena que restablezca el escolta a Puigdemont

El secretario general de Junts, Jordi Sànchez, ha explicado este lunes que pedirá al conseller de Interior, Joan Ignasi Elena, que restablezca el servicio el servicio de escolta al expresidente de la Generalitat y presidente del partido, Carles Puigdemont, para que pueda disponer "de la máxima seguridad en los espacios de trabajo, en la vivienda personal y como persona física".

"Solicitaré que de manera inmediata se pueda restablecer lo que todos los expresidentes de la Generalitat tienen derecho" a tener, ha subrayado en rueda de prensa telemática, tras apuntar que es una cuestión pendiente de resolución por parte del Govern.

Respecto a Buch y Escolà, para Sànchez, es "inaceptable" que la Fiscalía plantee unas peticiones de prisión para dos personas que, a su juicio, cumplieron con su deber, y más cuando se quiere abordar democráticamente la solución al conflicto catalán.

"La petición de prisión contra Buch y el sargento Escolà es sólo una prueba más de que la represión no para. Es una evidencia más de que el Estado no tiene ninguna voluntad de encarar una solución efectiva a un problema político", ha zanjado.