La Audiencia Nacional juzga desde este lunes a dos empresarios a los que acusa de defraudar más de dos millones de euros a la Agencia Tributaria con una serie de operaciones financieras entre empresas de un mismo entramado societario.

En un juicio, que se prevé comience este lunes y continúe el martes, Jesús Ignacio Salazar y Francisco Blázquez se sentarán en el banquillo acusados de presuntos delitos contra la Hacienda Pública, de blanqueo de capitales y de insolvencia punible.

La Fiscalía interesa para cada uno de ellos una pena de 8 años de cárcel, el pago de una multa de más de 12 millones de euros y una indemnización a la Agencia Tributaria de 2,4 millones.

El origen de las presuntas irregularidades sería la mercantil Ddal Inversiones, de la que Salazar fue administrador único a partir de 2008 hasta que en 2009 compró todas las acciones por 121 euros. Un año después, el otro acusado se convirtió en el nuevo administrador único de esta sociedad.

A lo largo de los años, Ddal Inversiones protagonizó operaciones inmobiliarias que son objeto de acusación provisional en la causa principal de la que dimana la presente pieza. Solo en 2006, declaró compras por más de 19 millones de euros y desde entonces venía consignando "a compensar" el IVA soportado.

Según el escrito de acusación del Ministerio Público, Salazar y Blázquez, actuando en connivencia y "con ánimo de ilícito enriquecimiento", solicitaron a la Agencia Tributaria la devolución de 2.514.329,21 euros de IVA por las operaciones señaladas, a sabiendas de que al menos una había resultado fallida.

El rastro del dinero

El fisco les devolvió en 2011 un total de 2.466.072 euros en una cuenta de Ddal Inversiones desde la que al día siguiente transfirieron casi todo el dinero (2.150.000 euros) a otra mercantil, Quality Prisma, creada días antes.

Comienza entonces, conforme al relato del Ministerio Fiscal, una sucesión de transferencias bancarias a empresas relacionadas con los imputados, siendo la más significativa de 501.500,54 euros a Tornado Proyects.

Ninguna de estas dos aparentes sociedades instrumentales -Quality Prisma y Tornado Proyect- habrían tenido actividad económica, siendo su socio, administrador y autorizado Blázquez, que fue retirando dinero en efectivo de esas cuentas, "en ejecución del plan común ideado de dificultar el destino final del dinero".