Piden 9 años para un kamikaze que chocó contra un bombero al que dejó incapacitado

  • M. G. A., de 26 años, condujo su coche en dirección contraria a lo largo de siete kilómetros por la M-30.
  • Chocó contra una furgoneta conducida por un bombero de 31 años, al que, tras el accidente, le han diagnosticado incapacidad permanente.
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El magistrado-juez del Juzgado de Instrucción número 25 de Madrid, Valentín Sanz Altozano, ha dictado un auto de procesamiento contra M. G. A., un joven de 26 años que en noviembre de 2007 condujo su vehículo en dirección contraria siete kilómetros por la autovía M-30.

En el auto se le imputa un delito de homicidio en grado de tentativa y dos delitos contra la seguridad vial: el de conducción bajo los efectos del alcohol y drogas y el de conducción con temeridad manifiesta en concreto peligro y desprecio por la integridad de las personas. A ellos se les añade uno de lesiones y otros de daños.

El recorrido en dirección contraria finalizó en el kilometro 0,4 de la M-30, junto a la conexión con la A-1. En ese punto, el conductor suicida chocó contra un Volskwagen Bora, conducido por G. G. L., un bombero del Ayuntamiento de Madrid de 31 años que se dirigía a su puesto de trabajo. Tras el accidente, el bombero fue intervenido en dos ocasiones y se le ha diagnosticado incapacidad permanente. En su declaración, el joven que ocupó la vía irregularmente aseguró que no se acordaba muy bien de lo sucedido.

9 años de prisión

El caso va a ser juzgado por la Audiencia Provincial, probablemente a finales del presente año. Las penas para el presunto kamikaze podrían ser superiores a los nueve años de prisión, pese a que los presuntos delitos se produjeron antes de la reforma del Código Penal en diciembre de 2008. La ley antigua era mucho más benevolente para este tipo de delitos.

El juez decretó prisión preventiva para el joven acusado en marzo de 2008, pero M. G. A. no llegó a entrar en ella. Según fuentes relacionadas con el caso, la familia tardó apenas tres horas en depositar la fianza de 90.000 euros decretada por el magistrado.

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