Las autoridades bangladesíes han presionado a muchos rohinyás instalados en los masificados campos de refugiados en el sureste del país a reubicarse en una isla remota, según denunció este lunes la organización Human Rights Watch (HRW).
En el informe "Una cárcel insular en medio del mar: la reubicación a Bhasan Char de refugiados rohinyá en Bangladesh", HRW asegura que las autoridades trasladaron a muchos rohinyás a esta isla sin su consentimiento pleno y ahora les impiden abandonarla.
"El Gobierno de Bangladesh tiene dificultades para hacer frente a más de un millón de refugiados rohinyá, pero obligar a la gente a irse a una isla remota solo genera nuevos problemas", afirmó en un comunicado que acompañó al informe el director de derechos de los refugiados y migrantes de HRW, Bill Frelick.
Unos 738.000 rohinyás llegaron a Bangladesh tras el estallido en agosto de 2017 de una campaña de persecución y violencia por parte del Ejército de la vecina Birmania, que la ONU calificó de ejemplo de limpieza étnica y un posible genocidio, crímenes de lesa humanidad que investigan los tribunales internacionales.
Con la intención de descongestionar los campamentos situados en Cox's Bazar, en el sureste del país, Bangladesh anunció en 2017 su intención de reubicar a unos 100.000 rohinyás en Bhasan Char, de unos 40 kilómetros cuadrados y situada en la bahía de Bengala.
El proceso sin embargo no comenzó hasta el pasado diciembre, debido a las dudas internacionales ante las condiciones en esta isla que se inunda durante la época de monzón, y hasta ahora han trasladado a unos 20.000 miembros de esta perseguida minoría.
HRW entrevistó durante el último año a 167 refugiados rohinyás, 117 de ellos en la isla y al resto en los campamentos de Cox's Bazar, incluido un hombre de 53 años que aseguró que se había escondido para evitar ser trasladado a la fuerza a Bhasan Char.
"Incluso si muero, llevarán mi cuerpo allí. No quiero ir a esa isla", aseguró el hombre a HRW, que pidió el anonimato.
Sin trabajo ni educación
La directora para el Sur de Asia de HRW, Meenakshi Ganguly, explicó a Efe que después de que varios rohinyás comenzaron a ocultarse, las autoridades bangladesíes empezaron a confiscar las tarjetas electrónicas que poseen para recibir asistencia.
"Saben que sin las tarjetas, la gente no puede obtener alimentos ni otro tipo de asistencia. Así que esa gente aceptó ir y, cuando estaban en camino, les devolvieron sus tarjetas", aseguró Ganguly.
Otros, añadió la activista, fueron a la isla de manera voluntaria, aunque no estaban bien informados, al creer que allí recibirían un salario, trabajo o mejores alimentos.
La mayoría de los niños tampoco reciben educación. De los alrededor de 8.495 niños que hay en Bhasan Char, solo unos 1.500 acuden a clase, según reveló un trabajador humanitario.
"Llevamos seis meses aquí y mis hijas trajeron todas sus pertenencias, bolsas y libros, para seguir estudiando, pero ni siquiera hay centros de aprendizaje", dijo a HRW una refugiada.
Las autoridades rechazan las acusaciones y sostienen que trasladaron a los rohinyás voluntariamente "frente a muchas organizaciones a plena luz del día", dijo a Efe el comisionado de Ayuda y Repatriación de Refugiados de Bangladesh, Shah Rezwan Hayat.
"Si hubieran sido obligados, la ONU se hubiera opuesto", subrayó Hayat, que insistió en el alto nivel de las instalaciones y el visto bueno de las organizaciones internacionales.
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