La abogada que demandó contra la sindicación de las prostitutas: "No hay peligro de que se legalice"

  • Ve "grave" que el TS dé herramientas a una organización que potencia una actividad ilegal.
Imagen de archivo de unas mujeres ejerciendo la prostitución en España.
Imagen de archivo de unas mujeres ejerciendo la prostitución en España.
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Imagen de archivo de unas mujeres ejerciendo la prostitución en España.

La abogada y presidenta de la organización L'escola AC, Nuria González, fue quien interpuso la demanda contra el Ministerio de Trabajo para impugnar la sindicación de las trabajadoras sexuales. Ahora, el Tribunal Supremo ha dictado en una sentencia que los estatutos de esta organización se ajustan a Derecho, una decisión que, sin embargo, no supone ningún "peligro" para que "se legalice la prostitución", según ha señalado González.

La historia de este procedimiento comienza en agosto de 2018, cuando se publicó en el BOE una resolución del Ministerio de Trabajo en la que daba vía libre a la constitución del Sindicato Organización de Trabajadoras Sexuales (OTRAS).

Esta decisión sorprendió a los miembros del Gobierno, ya que el PSOE es un partido que se ha declarado abolicionista de la prostitución. De hecho, pocos días después de esta publicación, la entonces ministra del ramo, Magdalena Valerio, aseguraba que su equipo le había "colado un gol por la escuadra" en este tema.

La organización L'escola AC, dedicada al "desarrollo integral de las personas más vulnerables", decidió con González a la cabeza interponer una denuncia contra el Ministerio de Trabajo en la que pedía declarar nulo de pleno derecho el acto administrativo por el que se inscribió a OTRAS como sindicato.

Cambio en la estrategia

Sin embargo, este procedimiento está parado a la espera de que se resuelva el que otras organizaciones feministas han interpuesto contra el propio sindicato de trabajadoras sexuales. En este proceso, la Audiencia Nacional decidió que los estatutos de OTRAS debían ser anulados, pero el Supremo, ante el que recurrió el sindicato, ha revertido esta decisión.

González ha explicado que esta postura del Alto Tribunal ha sido posible tras el cambio de estrategia de OTRAS que, si bien en la AN defendieron el trabajo sexual por cuenta ajena, ante el TS solo apuntan a su derecho a sindicarse.

La abogada señala que esta petición será aceptada por "cualquier" tribunal ya que "es un derecho fundamental" pero advierte que, en este caso, se produce una "inseguridad jurídica". Y es que la sentencia del Supremo, al final, "reconoce el derecho de sindicación" a una organización que "potencia una actividad que es ilegal".

El texto del Supremo recoge que los Estatutos de OTRAS se "ajustan a Derecho" e indica que el examen de los mismos se debe realizar al contenido, al margen del debate sobre la legalización, tolerancia o penalización de la prostitución por cuenta ajena.

Herramientas para promocionar una actividad ilegal

"Máxime cuando la misma no aparece contemplada en los Estatutos, y con arreglo a nuestro Derecho la celebración de un contrato de trabajo cuyo objeto sea la prostitución por cuenta ajena, debe reputarse nulo", recoge el Alto Tribunal.

Es en esta última frase en la que se centra tanto González, como organizaciones abolicionistas de la prostitución, para señalar que el TS está declarando que la prostitución no es un trabajo. De hecho, las asociaciones creen que el Supremo "no ha tenido la valentía" para decirlo de forma "clara".

González advierte de un aspecto "grave" de esta sentencia y es que, legalizando a OTRAS se permite que accedan a subvenciones y ayudas o a abrirse una cuenta, cuando su objetivo es promocionar la prostitución. "Le han dado a una asociación que potencia la prostitución por cuenta ajena herramientas para actuar legalmente", ha advertido.

Aún así, ha indicado que "no hay peligro de que se legalice la prostitución" en el país, "en ningún caso". De ahí, ha indicado, la "paradoja" de la decisión del Supremo.

Piden reabrir la causa contra trabajo

La abogada y presidenta de L'escola AC ha reconocido que la culpa de esta situación es del Ministerio de Trabajo que, en su momento, hace casi tres años, podría haber revertido la publicación en el BOE del sindicato.

"No anularon la inscripción porque no quisieron", ha explicado González. En su cuenta de Twitter denunció que el Ministerio había amparado su postura en "un supuesto informe que nadie vio jamás", mientras decía que "no podía hacer otra cosa".

Es por eso que, desde su organización han pedido el "desarchivo inmediato de la demanda contra el Ministerio de Trabajo" que ella interpuso. González quiere que se celebra cuanto antes el juicio que estaba a la espera de este proceso contra OTRAS. "Ya dijimos que no tenía ningún sentido ir contra el sindicato. El único responsable siempre fue el Ministerio", ha insistido.

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