Las fábricas de Opel podrán aguantar como máximo hasta octubre o noviembre con la inyección de 1.500 millones de euros del Ejecutivo alemán y a partir de entonces dependerán por completo de que se haya concretado el acuerdo con Magna, nuevo inversor de la automovilística.

A pesar de que GM Europa quiso arrojar ayer un punto de tranquilidad asegurando que la quiebra de la matriz en Estados Unidos no afectará a su producción, el futuro de Opel depende de que se asegure bien el convenio con la empresa canadiense Magna.

Por ahora, se trata únicamente de un compromiso no vinculante, con lo que todavía podría romper el acuerdo. A pesar de todo, es poco probable que lo haga, ya que se ha comprometido a adelantar, seguramente hoy mismo, un préstamo de 300 millones de euros para gastos inmediatos (salarios y pagos a proveedores); su intención es ampliar esta cantidad hasta los 500 o 700 millones de euros.

Los representantes de los trabajadores dieron a conocer el lunes a los empleados de Figueruelas todas las novedades del proceso, que aún se demorará varios meses. A la inyección de dinero de Magna se unirán los 4.500 millones de euros que aportará en forma de préstamo con garantías el Ejecutivo alemán, incluidos los 1.500 que ya ha puesto encima de la mesa.

A partir de ahora, representantes de Magna visitarán las plantas europeas para entrevistarse con los directores de cada fábrica. Su intención es eliminar unos 10.000 empleos en toda Europa, aunque todavía no ha especificado cómo se repartirán los recortes.

La planta de Figueruelas es una de las más rentables, pero por hora no ha fijado un plan de ahorro específico, medida que sí han hecho la mayoría del resto de fábricas de Europa.

El Gobierno español confía en que Figueruelas mantenga la mayoría de sus puestos de trabajo, según aseguró el lunes el ministro de Trabajo, Celestino Corbacho. "La fábrica de Aragón tiene un buen producto y una buena tecnología", explicó.

Estas declaraciones contrastan con las que durante las últimas semanas han difundido tanto los representantes de los trabajadores como el Gobierno aragonés, que aseguran que todas las plantas tendrán que asumir recortes para poder reflotar de nuevo a la compañía.

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