La Unión Europea (UE) obligará a las multinacionales que facturen más de 750 millones de euros a informar de cuánto pagan en impuestos en cada uno de los 27 Estados miembros, una medida de transparencia que busca, en última instancia, que las empresas contribuyan al fisco de forma justa allí donde operan.

Los negociadores del Parlamento Europeo (PE) y del Consejo, que representa a los países, cerraron este martes un acuerdo político que, una vez sea confirmado formalmente por ambas instituciones, pondrá en marcha una iniciativa que llevaba cinco años sobre la mesa.

El acuerdo llega en un momento de impulso global a favor de una mayor justicia tributaria por las perspectivas de lograr un pacto en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) para fijar un mínimo global de impuesto de sociedades y cambiar el modo en que se decide dónde deben tributar las empresas por sus beneficios.

Según lo acordado este martes, las multinacionales que facturen anualmente más de 750 millones de euros, tengan su sede en la UE o fuera de ella, deberán publicar un informe que detalle cuánto tributan por sus ingresos en cada Estado miembro.

Deberán además desglosar cuánto abonan en aquellas jurisdicciones que figuren en la lista negra de paraísos fiscales de la UE, que enumera aquellos territorios que no cumplen los estándares mínimos de cooperación y transparencia fiscal, o en los que llevan dos años consecutivos en la llamada lista gris, el repertorio de aquellos que no cumplen pero se han comprometido a enmendar su legislación.

El Parlamento había pedido exigir un desglose global, informando de todos aquellos países en los que tributase la multinacional en cuestión, mientras que el Consejo prefería circunscribir la obligación a la actividad en los Estados de la UE.

Las empresas tendrán que proporcionar información sobre sus actividades, su número de empleados, los beneficios o pérdidas antes de impuestos, los impuestos abonados y las ganancias acumuladas.

La obligación afectará también a las subsidiarias, sin importar el tamaño, si se considera que existen solo para ayudar a la matriz a eludir estos requisitos, según indicó el Parlamento. Los bancos no se verán afectados por la nueva norma puesto que ya están obligados a proporcionar estos datos.

Cláusula de salvaguarda

El acuerdo introduce una cláusula de salvaguarda que permitirá a las empresas retrasar durante cinco años la publicación de cierta información, informó el Consejo en un comunicado.

No obstante, se ha pactado también a petición de la Eurocámara hacer una revisión tras los cuatro primeros años de aplicación de la norma para ver cómo está funcionando.

"La ciudadanía tendrá la capacidad de conocer en tiempo real, de forma comprensible, accesible y gratuita, los datos básicos de las empresas que operan en la UE y facturan más de 750 millones de euros", celebró en un comunicado el eurodiputado socialista español Ibán García del Blanco, uno de los responsables parlamentarios y negociador de la legislación.

"Nos habría gustado que el Consejo se comprometiera con una mayor transparencia, pero hemos logrado desbloquear el acuerdo y acercar nuestras posiciones sobre la obligación de informar, el acceso a la información, la duración de la cláusula de salvaguardia y los términos de la cláusula de revisión, entre otras cuestiones", añadió.

El ministro de Economía y Transición Digital portugués, Pedro Siza Vieira, cuyo país preside este semestre la UE y ha sido clave para desbloquear la legislación, subrayó que en un momento en que se lucha por superar la crisis por la covid-19, es un "deber asegurar que todos los actores económicos contribuyen su parte justa a la recuperación".

Contra la evasión fiscal

En los últimos años la UE ha reforzado sus normas contra la evasión fiscal al calor de escándalos como LuxLeaks o los Papeles de Panamá, que revelaron cómo las grandes multinacionales reducen al mínimo su factura tributaria trasladando sus beneficios a paraísos fiscales o a países europeos con impuestos muy bajos y generosas rebajas fiscales, como Luxemburgo, Irlanda o Países Bajos.

Estas prácticas acaban mermando los ingresos de otros países dónde operan las firmas. Según la organización Tax Justice Network, las pérdidas mundiales infligidas por las prácticas en Países Bajos alcanzan 36.000 millones de dólares, 28.000 millones en Luxemburgo y 16.000 millones en Irlanda. El 80% del traslado de beneficios se produce entre países de la UE, recordó la Eurocámara.

Una vez entre en vigor, los Veintisiete tendrán año y medio para trasladar la norma a su legislación nacional.