El Consejo de Ministros tiene previsto aprobar el martes que viene un anteproyecto de ley con el que pretende reducir una parte de los conocidos como "beneficios caídos del cielo" que perciben las eléctricas por el diseño del mercado, que les permite repercutir en el consumidor costes que en realidad no han tenido al generar la electricidad. La medida, que aún tiene por delante un largo proceso de tramitación, básicamente impedirá a las empresas lucrarse cobrando el coste de los derechos de emisión de CO2 cuando generen la energía a través de centrales nucleares o hidroeléctricas, que no emiten estos gases.

Esta medida, según fuentes del Gobierno, está pensada fundamentalmente para intentar reducir el precio a pagar por el cliente final en la factura de la luz, y afectará a aquellos consumidores sujetos al mercado regulado (PVPC). Con el planteamiento del Ejecutivo no se acabará con todos los beneficios caídos del cielo de las eléctricas, pero las fuentes consultadas sostienen que, si el precio de los derechos de emisión de CO2 se mantiene como hasta ahora, las empresas verán reducidos en unos 1.000 millones de euros estos beneficios que consiguen a costa de repercutir costes que no tienen, y eso supondrá un ahorro de en torno al 5% en la factura.

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En el actual mercado regulado, los precios de la luz para cada hora se fijan con un día de antelación, y el operador cubre el total de la demanda adquiriendo la electricidad a las eléctricas, comenzando por la oferta más barata. La luz menos costosa es la producida a través de renovables, centrales nucleares o hidroeléctricas, dado que esas energías son más baratas que el gas y, además, no tienen que pagar derechos de emisión de gases contaminantes sencillamente porque no los emiten.

Estas energías baratas, no obstante, no suelen cubrir toda la demanda de España para un día, y la parte que falta debe completarse con electricidad generada a partir de gas, que es más cara. El problema del mercado es que el precio que marca esta luz cara de producir es el que tienen que pagar los consumidores finales en la factura, aunque la electricidad generada a partir del gas solo represente el 1% del total del mix y todo el resto de la luz consumida proceda de renovables, nucleares o hidroeléctricas.

El motivo de que la luz generada en estas centrales de gas sea mayor tiene que ver con el precio del propio gas -una materia prima, además, muy sujeta a fluctuaciones-, pero también con lo que le cuesta a las eléctricas comprar derechos de emisión de CO2 para poder utilizar estas instalaciones contaminantes. Tal y como funciona el mercado, como es la energía generada a través de plantas de gas la que marca el precio de todas las demás, lo que termina ocurriendo es que los consumidores pagan el coste de los derechos de emisión también por la electricidad no contaminante.

Las renovables, exentas

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Ese dinero que las eléctricas no se han gastado pero que sí perciben es una parte de los llamados beneficios caídos del cielo, y es el que el Gobierno quiere intervenir. No obstante, las empresas podrán seguir percibiendo otros de estos beneficios caídos del cielo, habida cuenta de que el diseño del mercado que cobra toda la electricidad al precio de la más cara de producir está definido a nivel europeo y España no puede cambiarlo por completo.

El Gobierno ha decidido no limitar esta sobrerretribución en el caso de las energías renovables, pese a que, como la nuclear y la hidroeléctrica, no generan gases contaminantes y, por tanto, las eléctricas no tienen que comprar derechos de emisión para producir con ellas. Con ello se pretende ofrecer otro incentivo a las empresas para que inviertan en renovables, el método con el que, a largo plazo, el Gobierno pretende eliminar del todo los beneficios caídos del cielo, dado que se pretende que en algún momento la mayor parte de la electricidad producida provenga de fuentes limpias.