Así lo han señalado el presidente del Comité y representante de Candidatura de Trabajadores de Auvasa (CTA), Arturo Barrull Sarmentero; Alfonso García Muñoz, de CSIF; Julián Caballero San José, de CCOO; y Francisco Javier del Pozo González, de UGT, quienes han indicado que se ha recurrido al Servicio Regional de Relaciones Laborales (Serla) para tratar de dialogar como paso previo a las movilizaciones y a la huelga.

Barrull ha leído un manifiesto de todos los representantes del Comité en el que ha recordado que históricamente son muchos los problemas que "arrastran" los trabajadores de Auvasa que les llevaron a movilizaciones pero con el cambio en la Dirección esperaban resolver muchos problemas por la vía del diálogo, pero ha asegurado que "lamentablemente" estaban equivocados.

En este sentido, han acusado al actual gerente, Álvaro Fernández Heredia, de mantener actitudes que creían "olvidadas" o de amenazar con privatizaciones o incumplir el convenio colectivo, algo que les ha llevado a los tribunales, pero ha afirmado que "la gota que colma el vaso" fue la convocatoria el pasado día 25 de un nuevo proceso selectivo sin informar al comité o sin estudio alguno que demuestre la necesidad de la misma.

El problema estriba en que en la misma se anula la bolsa que hay vigente del anterior proceso selectivo de 2015, tal y como estableció la empresa, en la que se encuentran actualmente 18 personas (de 73 iniciales que estaban en bolsa y de 478 con los que cuenta actualmente la empresa) que trabajan actualmente en la empresa, algunos con casi dos años de prestación de servicio, que han acudido a la llamada de Auvasa para acudir a trabajar en todo momento, incluso durante la pandemia y que en muchos casos han deja trabajos indefinidos.

Sin embargo, considera que ahora son correspondidos por la empresa al obligarles a pasar por un nuevo proceso selectivo, lo que considera que es un "chantaje" y "ataque" a sus derechos al no tener contratos de carácter indefinido pero que podrían llegar a tenerlo.

CUBRIR VACANTES

Barrull ha explicado que las listas de espera se utilizan para cubrir la contratación necesaria en cada momento y las personas que la integran van pasando a contratos indefinidos según el orden que tengan en la misma, por lo que ven una discriminación en el hecho de que ahora no se atienda a la formula de contratación llevada a cabo de manera legal por la empresa, se omita el convenio colectivo y la interpretación del mismo hecha por empresa y Comité.

Los responsables sindicales han lamentado la situación porque se trata de personas que "tienen nombre y apellidos, familias, e hipotecas" y que pasaron el proceso selectivo correspondiente en su día y ahora se les pretende "reevaluar cambiando las reglas de juego en el último momento", cuando éste ha sido el proceso de contratación de los "últimos 35 años" y lo que permite cubrir bajas y vacaciones.

El presidente del Comité ha criticado este "atropello" que comenzó en diciembre cuando el gerente se reunió individualmente con las secciones sindicales para "pulsar si había fisuras" y les hizo llegar la "amenaza" de que las listas de espera existentes, en aquel entonces una de 2007 y otra de 2015, "eran ilegales e iban a desaparecer", algo que los sindicatos rechazaron.

Ante la el mantenimiento de posición de la empresa, tomas de contactos entre asesores de ambas partes para encontrar una solución jurídica, no ha sido posible y la convocatoria se ha publicado a pesar de que había una petición de reunión con las asesorías jurídicas.

Aunque confían en el diálogo y no están en contra del proceso si es necesario y se quiere crecer, los sindicatos creen que se debería contar con estos trabajadores.

De esta forma, ante los plazos abiertos con la petición de mediación del Serla, las movilizaciones no serían antes del 11 de junio, pero se convocarán "lo antes posible" dado que el proceso de selección podría estar concluido en septiembre.

Los responsables sindicales han pedido comprensión a los ciudadanos y han apelado también al Ayuntamiento, ya que las bases de las convocatorias se aprueban en el Consejo de Administración, por lo que también es corresponsable, ante un nuevo conflicto que han recordado que llega porque también se utiliza su condición de si son empleados públicos o no según interesa.