Según el índice recogido por Europa Press, Castilla y León alcanza la excelencia en cobertura efectiva de servicios y prestaciones, aunque señala como déficits la teleasistencia y la ayuda a domicilio, ya que en ambos casos se encuentran por debajo de la media nacional. Además, la Comunidad se mantiene con el mayor número de plazas de financiación pública en servicios residenciales, con 38.677 plazas para una población de 613.704 personas mayores de 65 años, lo que suponen 6,3 por cada 100.

La Asociación indica en su informe que Castilla y León sigue ocupando un lugar "destacado" en la clasificación de las comunidades autónomas en el desarrollo de su Sistema de Servicios Sociales, solo superada por el País Vasco y Navarra, lo que supone que obtiene la mejor calificación entre las comunidades de Régimen Común.

En las tres aplicaciones del Índice desde 2017 -DEC, derechos, esfuerzo económico, cobertura-, mantiene un nivel "muy estable" en su calificación global, aunque con dos décimas de bajada en este periodo.

En el apartado de reconocimiento de derechos y ordenación del sistema señala que desde el año 2017 Castilla y León cuenta con todos los elementos legislativos, normativos, planificadores y de organización alcanzando la Excelencia, sólo a falta de los 0,05 puntos que se otorgan si la Consejería identificase el Sistema, incluyendo en su nombre "servicios sociales".

Por lo que se refiere a la relevancia económica, según el informe, desde 2015 el gasto que realizan las administraciones públicas de Castilla y León -Junta, diputaciones provinciales y ayuntamientos- "reduce su significación en términos relativos", que es como puntúan los indicadores del Índice DEC, lo que "le priva, por tan solo una décima en uno de los tres indicadores (gasto por habitante y año), de alcanzar la excelencia también en este apartado".

Sin embargo, en términos absolutos, los tres indicadores mejoran de manera continuada desde el año 2012 en Castilla y León, y los tres se sitúan por encima de la media estatal.

En concreto, el gasto por habitante/año ha pasado de 353 euros en 2012 a 455,8 en 2019 y la media estatal se sitúa en 406,3. El porcentaje que supone la inversión de las administraciones de Castilla y León en servicios sociales sobre el PIB regional pasa de 1,66 por ciento en 2012 a 1,86 por ciento en 2019, cuando la media estatal es de 1,60.

El porcentaje que supone la inversión de las Administraciones Públicas de Castilla y León en servicios sociales sobre su presupuesto total fue del 8,5 en 2012 a 11,2 por ciento en 2019 -la media es del 9,95 por ciento).

COBERTURAS

En cuanto a la cobertura efectiva de prestaciones y servicios, la Asociación apunta que entre los aspectos positivos se encuentra que Castilla y León se sitúa por encima de la media estatal en casi todos los indicadores contemplados, de forma que alcanza la "excelencia" en este apartado.

Entre los aspectos más relevantes, la Asociación señala la Dependencia, dado que el 15,1 por ciento de su población potencialmente dependiente recibe prestaciones o servicios del sistema (9,7 por ciento de media estatal) y su tasa de desatención es 0,1 por ciento frente al 17,1 de media estatal.

Además, las rentas mínimas de inserción alcanzan al 10,7 pro ciento de las personas bajo el umbral de la pobreza en Castilla y León frente al 7,9 de media estatal. Sin embargo, la cuantía media por persona perceptora en Castilla y León, que supone un 15,4 por ciento de la renta media por hogar en esa Comunidad, es inferior a la media estatal, que alcanza en 17,1.

"Su reto en 2021 es ajustar la reordenación de estas rentas tras la implantación del Ingreso Mínimo Vital", ha añadido la Asociación de Directoras y Gerentes.

LÍDER EN PLAZAS

En cuanto a plazas residenciales de financiación pública para personas mayores, el informe recoge que, con un 6,3 por ciento, la Comunidad tiene el porcentaje más elevado en esta materia, muy por encima de la media estatal (2,7).

"Esta posición tan destacada hace que sus retos sean la adecuada distribución de estas plazas, de manera que se ubiquen allí donde existe la demanda, evitando el desarraigo de las personas mayores de su localidad y, muy especialmente, liderar el cambio de modelo residencial que la sociedad está demandando", ha indicado.

A este respecto, la Asociación ha incidido en que el anteproyecto de ley de la atención residencial recientemente presentado puede ser una "oportunidad" para ello con la contribución de todos los sectores implicados.

Por otro lado, en acogimientos familiares para menores, el informe apunta que el 58,8 por ciento de los acogimientos que realiza Castilla y León son de carácter familiar, mientras que a nivel estatal la media es de 50,4.

En su análisis, la Asociación destaca que en servicios residenciales, diurnos y ocupacionales para personas con discapacidad, con una cobertura de 4,2 plazas residenciales por cada 100 personas con discapacidad, Castilla y León "cuadruplica" la media estatal, que es de 1,6 y, de la misma manera, con 5,9 plazas diurnas u ocupacionales por cada 100 personas con discapacidad, duplica la media estatal que es de 2,7.

También se apunta como aspecto positivo el número de plazas de acogida para mujeres víctimas de violencia de género, ya que con 20,1 por cada 100 mujeres con órdenes de protección, duplica la media estatal que son una por cada 9,5.

Finalmente, apunta en este apartado que las plazas de alojamiento para personas sin hogar son 51,9 plazas por cada 100.000 habitantes en Castilla y León frente a 40,7 de media estatal.

DÉFICITS

Frente a todos estos aspectos positivos en cobertura de prestaciones y servicios sociales, la Asociación señala en su informe dos déficits principales relativos a ayuda a domicilio y teleasistencia.

En concreto, en el relativo a la primera señala que solo alcanza una cobertura del 4,2 por ciento de personas mayores frente al 4,9 por ciento de media estatal y retrocede en este servicio "tan importante", ya que su cobertura un año antes era del 5,4 por ciento y viene registrando una línea descendente en los últimos años.

En cuanto a la teleasistencia, el servicio solo alcanza a 4,9 de cada 100 personas mayores en Castilla y León, la mitad que la media estatal, que es de 10,2, y también retrocede al pasar de una cobertura del 6,2 en 2018 a 4,9 por ciento en 2019.

En cuanto a los equilibrios, la Asociación apunta que Castilla y León muestra un sistema "muy equilibrado" en sus tres dimensiones, que incluso ha mejorado desde su aplicación inicial en 2012.

Así, ha concretado que ofrece una de las mejores ratios entre cobertura y gasto, es decir, una gran eficiencia del sistema, que "sin duda alguna" se debe a la colaboración y al protagonismo que tienen las entidades locales en la gestión de las prestaciones y servicios, así como a decisiones estratégicas "adecuadas", como lo fue la integración de la Atención a la Dependencia en los Servicios Sociales y especialmente a nivel local.

"La cultura de consenso en la ordenación del sistema con agentes sociales, Tercer sector y entidades locales es un intangible que ofrece sus frutos en estos equilibrios", ha añadido la Asociación, que ha agregado que el sistema de Servicios Sociales de la Comunidad "muestra una relación equilibrada entre los derechos que reconoce en su Ley de nueva generación y en el catálogo que los concreta y su entrega efectiva de prestaciones y servicios".