En este sentido, la viceportavoz del grupo parlamentario, Paula Prado, ha incidido en la necesidad de "definir la violencia de género" para "identificar a las víctimas y poner a su disposición todos los recursos precisos para su atención".
Además, ha señalado que se deben poner en marcha "políticas de prevención de la 'sextorsión', el 'ciberbulling', el ciberacoso y abuso sexual a menores de edad" y ha remarcado la importancia de detectar "conductas y fenómenos emergentes" para evitar la "violencia de género digital".
En concreto, la proposición de ley registrada considera violencia de género digital la realizada por un agresor "con la única finalidad de discriminación, dominación, control e intromisión sin consentimiento en la privacidad de la víctima".
También se definen como actos de violencia digital contra la mujer los realizados por hombres de su entorno, mientras se exceptúan las herramientas de control parental que se ajusten a la legislación y que busquen proteger a los menores.
Precisamente, la viceportavoz ha destacado el aumento de las denuncias ante violencia ejercida en el ámbito digital con el avance del uso de Internet y ha lamentado el incremento del "control de la víctima a través de las redes sociales" y el teléfono móvil. Asimismo, ha explicado que esta situación afecta en mayor medida a las mujeres más jóvenes, lo que ha relacionado con el hecho de que "el ciberacoso tiene una incidencia mayor en la adolescencia".
Adicionalmente, Paula Prado ha resaltado que la reforma de la ley planteada se adecua a las indicaciones del Grupo de expertos en la lucha contra la violencia contra la mujer y la violencia doméstica (Grevio), un informe de la Subcomisión de Igualdad del Congreso y el Pacto de Estado contra la Violencia de Género.
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