Según recoge el Ministerio Público en su escrito de acusación, entre el 28 de octubre y el 14 de noviembre de 2014, el procesado, "con ánimo libidinoso", envió desde su dirección de correo electrónico vídeos y fotografías "en los que aparecían niños de menos de 13 años realizando actos de naturaleza sexual con personas mayores de edad".

El contenido fue remitido a una dirección de correo electrónico "cuyo usuario era un menor de 15 años de edad" y con el que el acusado "llegó a contactar visualmente a través de Skype, mostrándole su pene en erección".

Mediante registro en el domicilio del procesado, situado en el partido judicial de Ribeira (A Coruña), "se halló material de pornografía infantil en dos discos duros incautados" y se comprobó que el contenido se compartía con otros usuarios, "toda vez que se localizaron archivos de vídeo alojados en carpetas pertenecientes a programas de intercambio de ficheros".

Anteriormente, en 2007, el acusado había sido incapacitado por el Juzgado de Primera Instancia 1 de Ribeira. Tras realizarse una pericial médico forense, se determinó que padece un trastorno generalizado del desarrollo de la personalidad y un déficit intelectual en el límite de la normalidad, "con riesgo de recaer en conductas delictivas", y "presentando sus capacidades volitiva e intelectiva profundamente atenuadas, sin llegar a estar anuladas".

Adicionalmente, este hombre había sido condenado por el Juzgado de lo Penal 1 de Santiago a la pena de 18 meses de prisión en 2005 por un delito de corrupción de menores. Además, en 2011 la Audiencia Provincial de Santiago lo había condenado por un delito de utilización de menores con fines pornográficos y otro de exhibicionismo y provocación sexual con víctima menor a la pena de 9 meses de prisión y multa, con un período de suspensión desde 2012 por cuatro años.

PETICIÓN DE PENA

El Ministerio Fiscal ha considerado al acusado autor de un delito continuado de corrupción de menores y otro de exhibicionismo, por lo que pide que sea condenado a tres años y tres meses de prisión y que se revoque la suspensión de la condena que se le impuso en 2011.

Además, reclama su inhabilitación especial para el ejercicio de profesiones relacionadas con menores durante tres años y que se le imponga la medida de libertad vigilada con la obligación de participar en programas de educación sexual a lo largo de dos años.