El Gobierno acusa de "chantaje" a Rabat, que retira a su embajadora ante la "falta de explicaciones" de España sobre Ghali

Dos menores saludan por una ventana del albergue de Piniers.
Dos menores saludan por una ventana del albergue de Piniers.
EFE
Dos menores saludan por una ventana del albergue de Piniers.

La ministra de Defensa, Margarita Robles, fue este jueves contundente con Marruecos al afirmar que está sometiendo a España a un "chantaje" en la frontera con Ceuta y vulnerando, además, las normas del derecho internacional. "No vamos a aceptar el más mínimo chantaje ni cuestionamiento de la integridad territorial", advirtió.

"La integridad de España no es negociable ni está en juego y vamos a usar todos los medios necesarios para garantizar la integridad territorial y vigilar las fronteras", aseveró Robles en una entrevista en RNE. La ministra habló de una crisis "muy seria" que no se puede "pasar por alto", y espera que Marruecos haya "sacado conclusiones" de la respuesta de España y de la Unión Europea.

Marruecos, por su parte, aún no da por superada la crisis. El ministro marroquí de Exteriores, Naser Bourita, declaró este mismo jueves que su embajadora en España, llamada a consultas el pasado martes a Rabat, "no regresará mientras dure la crisis, y la crisis durará mientras continúe su verdadera causa", que es la "la falta de explicación y respeto" ante la presencia del líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, en territorio español, "en condiciones indignas para un estado de derecho", y su no comparecencia ante la Justicia española.

En la primera referencia de un responsable marroquí a la avalancha migratoria sobre Ceuta de los pasados días -8.000 llegadas en 48 horas-, Burita dijo que esa oleada se debió "a un contexto de fatiga del dispositivo policial marroquí tras las fiestas del fin de ramadán", pero también a "la inacción total de la policía española", que, según él, se despliega a razón de un policía por cada cien agentes marroquíes en las zonas fronterizas.

La tensión "ha ido disminuyendo"

Más comedida fue la ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, quien subrayó que la tensión en Ceuta "ha ido disminuyendo" y que se espera volver a la normalidad "en el menor plazo de tiempo posible", mientras continúa el diálogo con Marruecos.

En ese sentido, Montero señaló que la mediación del rey Felipe VI es una cuestión que forma parte de las conversaciones que se están manteniendo para normalizar la crisis migratoria que, para que funcionen, "se tienen que dar en el nivel de alta diplomacia". 

La mediación del rey, sin embargo, fue aprovechada por el PP para criticar al Ejecutivo de Pedro Sánchez. "Significa que no hay nadie en el Gobierno capaz de tener una interlocución fluida con Marruecos para poder solucionar este problema", sostuvo su secretario general, Teodoro García Egea.

Acuerdo para devolver a los inmigrantes

En cualquier caso, poco a poco la crisis se va reconduciendo y ambos gobiernos han alcanzado un acuerdo para que Marruecos acepte la entrega de todos los inmigrantes marroquíes que han entrado ilegalmente en Ceuta a un promedio de unos 40 cada dos horas, un proceso que ya arrancó el miércoles por la noche.

Las devoluciones se están efectuando por la frontera del Tarajal y las autoridades locales están fletando autobuses gratis para que los emigrantes devueltos puedan regresar a sus domicilios. Así, la calma era este jueves la tónica dominante en la frontera, mientras Ceuta trataba de recuperar la normalidad paulatinamente. 

Las autoridades ceutíes tienen acogidos a 850 menores y su atención centraba la actividad de la Policía Nacional, con pruebas de coronavirus y en el algunos casos para determinar si tienen menos de 18 años. La ciudad autónoma también ha facilitado un teléfono de contacto para muchas familias marroquíes que están buscando a sus hijos.

Traslados a la península

Por otro lado, el Ministerio de Derechos Sociales ya ha establecido el reparto entre las comunidades autónomas de los 200 menores que serán trasladados a la península

El método, consensuado con las comunidades, tiene en cuenta criterios como la población, la renta per cápita o la tasa de paro. Según su propuesta, que no es de obligado cumplimiento, Madrid y Galicia asumirán el cuidado de 20 menores y serán las que más acogerán. Luego se sitúan Castilla y León (18), La Rioja (17) y Cataluña (15), mientras que la Comunidad Valenciana y Andalucía acogerán a 13.

En esta última región, Vox ha retirado su apoyo al gobierno autonómico (PP-Cs) por acoger a los menores, pero el presidente de la Junta, Juama Moreno, subrayó que se trata de una "obligación legal y humanitaria", aunque denunció que Andalucía ya está "saturada" y pidió "más recursos" al Gobierno central.

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