Este juicio trata sobre la operación aprobada en 2008 por los directivos de la caja de ahorros balear por la que la entidad dio el visto bueno a que el Grupo Martín Gual se hiciera cargo de los terrenos de Son Bordoy, ubicados en Mallorca, para que realizara el desarrollo urbanístico de los mismos.

Si bien ninguno de los testigos recordaba la operativa por la que se daba luz verde desde la caja a la subrogación de créditos en favor de las sociedades de Martín Gual, Haras y Nueva Palmira, han coincidido al explicar que todas las decisiones que se adoptaban en la comisión se adoptaban siempre teniendo en cuenta que fuera lo más beneficioso para la caja.

En este juicio oral, que se celebra en la Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, se sientan en el banquillo de los acusados los directivos de Sa Nostra Pau Dols, Rafael Oliver y Pere Batle, y Javier Collado, quien fuera administrador de Haras, una de las sociedades del constructor Martín Gual -ya fallecido-. A todos ellos el Ministerio Fiscal les imputa un delito continuado de apropiación indebida, subsidiario de delito continuado societario, y pide cuatro años de cárcel para cada uno excepto para Collado, para quien interesa dos años y seis meses.

En la sesión de este jueves, los dos exdirectivos de Sa Nostra han incidido en que si bien en ocasiones constaban informes desfavorables de analistas de riesgos para determinadas operaciones crediticias de importancia, siempre había que tener en cuenta además de ese riesgo crediticio, el financiero o el comercial, y han indicado que sí había debate entre los miembros a pesar de que no lo reflejaran las actas, y que ni Batle ni Dols impusieron nunca ninguna decisión.

INFORMACIÓN CUALITATIVA

Quien fuera subdirector general de relaciones institucionales con grandes clientes, Lorenzo Julia, ha explicado que en las reuniones del comité, que se alargaban por horas cada dos semanas, también se aportaba a cada caso informes realizados por la parte comercial, dado que eran quienes podían conocer al grupo al que pertenecía determinado cliente. Aportaban así experiencias previas y era una información más cualitativa.

Sobre el caso de Son Bordoy ha recordado vagamente que se trataba de una refinanciación de otra operación que se había otorgado a otros promotores "que no tenían capacidad de llevar a termino el desarrollo urbanístico". "Era una subrogación de los créditos anteriores", ha indicado.

A preguntas de la fiscal relativas a que tipo de criterios siguieron para aceptar la operación teniendo en cuenta que el analista apuntaba que había riesgo de no recuperar el dinero, el exdirectivo de la caja ha indicado que, si bien no recordaba ese asunto concreto, Martín Gual había sido "un promotor en Palma que desarrolló promociones urbanísticas importantes y todas de éxito".

"Era un grupo con trayectoria extraordinaria que había desarrollado proyectos magníficos y esto era un valor cualitativo que podía pesar en la decisión de los miembros del comité", ha explicado, apuntando que se fijaban también en el curriculum de la persona pero descartando que hubiera trato de favor hacia Gual.

EL "TÉCNICO" COLLADO

Y ha ahondado en las circunstancias de 2008 señalando que en febrero una serie de cajas con analistas financieros y tasadores fueron invitados a debatir en la CECA, la confederación de cajas de ahorros, sobre la situación inmobiliaria en España y "tras horas y horas nadie vio un cambio tan importante y radical como el que se produjo al cabo de pocos meses".

Tras los miembros del comité de inversiones de Sa Nostra ha llegado el turno de los testigos propuestos por la defensa de Javier Collado. El primero de ellos, Ángel Gabriel Gil Sevillano, ha explicado que cuando Banco Mare Nostrum (BMN) le designó para analizar la situación urbanística de Son Bordoy en 2011 coincidió con Collado, que era quien gestionaba esos terrenos para Gual.

Desde su punto de vista el perfil de Collado era técnico y ha considerado que el trabajo que realizó para hacer avanzar el proyecto fue "adecuado", y ha recordado que se obtuvo un incremento de la edificabilidad, pasando de 170 viviendas a 653, algo que "permitía viabilizar el coste económico".

GUAL ERA "EL AMO"

Por su parte, uno de los actuales administradores de sociedades del Grupo Martín Gual, Joaquín Viñals, ha explicado que en 2012 coincidió unos días trabajando en Haras con Collado y ha relatado que quien llevaba el peso financiero del grupo era Francisco Tomás, mano derecha de Gual en asuntos económicos y de contabilidad.

Al hilo, ha afirmado que tal y como le pasaba a él, en el caso de Collado, Tomás era quien llevaba el peso económico porque el perfil del acusado era "técnico". Preguntado por el papel de Gual en el grupo, ha explicado que "era el amo, el jefe de todo, hacía y desahacía", y que Margarita Mayol era su secretaria a pesar de que, como Collado, apareciera como administradora en empresas.

Sobre este asunto se ha interesado también el abogado de la Sareb, acusación particular, quien ha mostrado su sorpresa por el hecho de que Gual no apareciera en sus propias sociedades, a lo que Viñals ha respondido que "no era persona que le gustara ostentar y decidía nombrar administradores de su confianza".

Otro de los testigos, actual empleado del grupo, ha afirmado que Collado era sólo técnico y que Francisco Tomás "llevaba todo el tema financiero de caja y era la mano derecha de Gual". "Es un grupo complejo, hay cabecera que gestiona al resto", ha incidido.

Sobre Son Bordoy y la paralización del desarrollo ha explicado que durante años se congeló debido a las incidencias que no dependian solo del ayuntamiento ya que también hacía falta que los acreedores estuvieran de acuerdo para avanzar y "la Sareb no daba respuesta". "Para el proyecto de urbanización necesitabas financiación, y tampoco la teníamos", ha recordado.

LA VALORACIÓN DE LOS RIESGOS

Según el escrito de acusación de Fiscalía, desde la caja de ahorros hoy ya desaparecida entre 2005 y 2010 se produjeron sucesivas operaciones de financiación al Grupo Martín Gual, que fueron concedidas sin valoración real de los riesgos, sin tasaciones actualizadas y sin estudios de viabilidad.

"El resultado fue el desvío de una parte importante de los fondos entregados, que quedaron definitivamente en manos ajenas a la caja de ahorros, así como la causación de un perjuicio patrimonial relevante a la entidad", indicaba.

Según la acusación, en 2008, dadas las dificultades financieras de grupos empresariales financiados por Sa Nostra y con el propósito de ocultar la situación financiera real que eso generaba en la entidad, Batle, Dols y Oliver "se concertaron con Martín Gual para que éste se colocase en el lugar de las sociedades Grupo FBex y Grupo Ibercom, fuertemente endeudadas con Sa Nostra y que en ese momento atravesaban grandes dificultades financieras".

"El objetivo era mantener oculto ante terceros el progresivo deterioro patrimonial de la Caja, y Martín Gual aceptó colocarse en la posición de tales deudores porque para ello no habría de asumir riesgo alguno. En su lugar, percibió un importante beneficio económico", sostiene el Ministerio Fiscal.