En la última sesión del juicio, que comenzó este lunes, Ibarz no ha contestado a las preguntas de la fiscal, que solicita una pena de diez años de inhabilitación, y respondiendo a las preguntas de su defensa ha afirmado delegaba la contratación en el concejal responsable de recursos humanos.

La Fiscalía sostiene que el Ayuntamiento pasó de 63 trabajadores en 2003 a los 123 en 2016 y la mayoría de los contratos se hicieron de manera "totalmente arbitraria", por decreto de urgencia firmado por el alcalde y sin convocar ningún concurso público.