En esa resolución en la que se declaró que el pazo es propiedad del Estado "no se condena a los demandados a entregar los muebles existentes en las distintas dependencias al Estado", por lo que, tal y como determinó la Audiencia Provincial, corresponde a las administraciones públicas "promover el correspondiente incidente de ejecución para discutir y resolver sobre cuál es la extensión de la sentencia que se ejecuta".

Por ello, la Administración General del Estado ha presentado un incidente de ejecución en el que demanda la "necesaria conservación del inventario" aprobado en su día por el juzgado, así como una segunda cuestión incidental en la que solicita la "delimitación de los bienes integrantes y pertenencias" del pazo teniendo en cuenta el artículo 334 del Código Civil, en el que se definen los bienes inmuebles.

Por su parte, el Ayuntamiento de Sada reclama que se incluya, a efectos de ejecución de sentencia, el mobiliario como parte del Pazo de Meirás.

El Juzgado de Primera Instancia número 1 de A Coruña tramitará las tres cuestiones incidentales de forma conjunta y las resolverá al mismo tiempo. Contra la providencia dictada hoy cabe presentar recurso de reposición en el plazo de cinco días.