Diputación de Valladolid ofrecerá asistencia judicial gratuita a municipios de menos de 20.000 habitantes

La Diputación de Valladolid pasará a ofrecer asistencia judicial gratuita a los municipios de menos de 20.000 habitantes de la provincia a través de su propia asesoría jurídica, ya que hasta ahora se prestaba a través de un convenio con el Colegio de Abogados de Valladolid.
Diputación de Valladolid ofrecerá asistencia judicial gratuita a municipios de menos de 20.000 habitantes
Diputación de Valladolid ofrecerá asistencia judicial gratuita a municipios de menos de 20.000 habitantes
20M EP

El reglamento de este nuevo servicio se aprobará previsiblemente en el Pleno de este viernes, 21 de mayo, y tras cumplimentar su tramitación administrativa, incluido un período de exposición pública de un mes, por lo que será efectivo a partir del próximo mes de septiembre.

Este servicio se prestará sin coste por parte de la Diputación, de modo que los consistorios sólo tendrán que hacer frente a las costas judiciales, en caso de que se impongan, así como a los posibles gastos procesales derivados de peritajes o procurador. Únicamente si el pleito se gana con costas ese importe será ingresado por la Diputación de Valladolid.

Los primeros en recibir este servicio, antes de que acabe el presente año, serán los 170 municipios de menos de 500 habitantes y sus cuatro entidades locales menores, mientras que en el primer semestre de 2022 se espera extenderlo a los de menos de 1.500; en el segundo, a los de menos de 5.000 y algunas mancomunidades, y a partir de 2023, los nueve de más de 5.000 y sus dos entidades locales menores. Estos plazos podrán acortarse por Decreto del presidente en el caso de que la agilización del Servicio lo permita.

El presidente de la Diputación, Conrado Íscar, ha presentado este jueves el nuevo Servicio de Asistencia Judicial, que completa la labor de asistencia jurídica que tradicionalmente presta el Servicio de Asesoramiento Local y que sustituye al convenio con el Colegio de Abogados de Valladolid, a los que Íscar ha agradecido su colaboración durante todos estos años.

El presidente ha defendido que el nuevo servicio trata de "modernizar" sus estructuras para cumplir con el mandato de asistencia a los municipios que marca el actual marco legal y "garantizar la mejora permanente de la calidad del servicio".

El nuevo Servicio de Asistencia Jurídica, dirigido por Lola Hernández, está dirigido a todos los municipios de menos de 20.000 habitantes, entidades locales menores y mancomunidades que estén formadas exclusivamente por municipios de la provincia, salvo aquellas en las que esté integrado el Ayuntamiento de Valladolid.

MATERIAS DE ACTUACIÓN

El nuevo Servicio de Asistencia Judicial actuará en materias vinculadas a procesos ordinarios como los contencioso-administrativos, social, civil o mercantil, además de otros más especializados como el Tribunal Constitucional, el Tribunal de Cuentas o los Tribunales Económico- Administrativos.

En los casos de materia penal, solo podrá actuar en dos ámbitos. En los procesos penales iniciados por denuncia de la entidad local, se limitará a los casos de robo o actuaciones que menoscaben o inutilicen los bienes de propiedad de la entidad o que atenten contra la integridad de las autoridades o funcionarios locales.

El segundo ámbito será el de aquellos procesos penales en los que la parte denunciada sean las autoridades o empleados públicos municipales como consecuencia de actuaciones realizadas en el ejercicio de sus cargos, siempre que su defensa haya sido asumida mediante acuerdo del pleno de la entidad o de la asamblea cuando se trate de una mancomunidad de municipios. En este caso, no se prestará el nuevo Servicio si la denuncia se ha realizado por miembros de la propia Corporación Municipal.

Por otro lado, nunca se prestará el Servicio en los procedimientos penales por injurias y calumnias. Asimismo, el Reglamento regula una serie de excepciones en los que tampoco se prestará el Servicio de Asesoría Judicial, como la impugnación de acuerdos y actos municipales por parte de los propios miembros corporativos de la entidad local; los litigios entre entidades locales o de estas contra la Diputación Provincial, o la impugnación de actos o acuerdos municipales por parte de la Administración del Estado o de la Comunidad Autónoma, porque supongan infracción de la legalidad o invadan el principio de competencia de la Administración General del Estado o de la Junta de Castilla y León, los litigios relativos a mociones de censura o cuestiones de confianza.

Tampoco en los supuestos de denegación del derecho de información regulado en el artículo 77 de la Ley 7/1985 y en los artículos 14 a 16 del Reglamento de Organización, Régimen Jurídico y Funcionamiento de las Entidades Locales; las impugnaciones por la no convocatoria de plenos extraordinarios regulados en el artículo 46 de la Ley 7/1985; asuntos en los que se estime, en informe motivado de la Asesoría Jurídica de la Diputación, que la posición procesal de la entidad solicitante es manifiestamente insostenible o carente de fundamento, y asuntos en los que la entidad local peticionaria de la defensa en juicio no haya remitido documentación y antecedentes suficientes para proceder a la defensa judicial, una vez requerida para la subsanación.

Por último, quedan excluidos los supuestos en los que el órgano judicial haya fijado un plazo para realizar una concreta actuación y la petición de la entidad local se haya recibido en la Diputación en una fecha en la que quede menos de la mitad del plazo para realizar aquella, contado este plazo desde el día siguiente al de recepción de la notificación judicial de que se trate por la entidad beneficiaria hasta su finalización o, en su caso, hasta la fecha de la vista.

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