Front Abolicionista considera la pornografía "una práctica que fomenta la cultura de la violación y de la explotación sexual". En palabras de su portavoz, Pepa Seguí, España es el "primer país en el consumo de prostitución y encabezamos las listas de consumo pornográfico a través de la publicidad y las páginas web".

La plataforma, en un comunicado, se ha referido a un estudio de las universidades de Baleares y de Santiago de Compostela que señala que nueve de cada diez hombres de 18 a 26 años cree que la pornografía es fiel a la sexualidad real, y dos de cada tres que no tiene ningún efecto negativo.

"Estamos comprobando cómo nuestros niños visualizan cada vez a una edad más temprana prácticas de incesto, castigo, asfixia, violaciones grupales y daños físicos con penetraciones múltiples muy dolorosas y dilataciones extremas de ano y vagina", ha indicado el Front.

Por tanto, entre las diferentes medidas, propone que esos contenidos no puedan ser accesibles a menores o que "las miles de plataformas pornográficas no puedan operar con impunidad en Internet".

La plataforma ha citado el ejemplo de la web 'Pornohub', "a la que la justicia canadiense obligó a retirar más de 6 millones de vídeos con contenido delictivo" como abuso de menores, violaciones reales, proxenetismo, grabaciones sin consentimiento. "Si hay voluntad política es posible atajar esta situación", ha afirmado.

Desde el Front Abolicionista entienden que "la pornografía refuerza la violencia hacia las mujeres, naturaliza la masculinidad hegemónica, la cosificación y el proxenetismo".

En su escrito dirigido al Ministerio, el movimiento denuncia que "las mal llamadas 'actrices' de la pornografía son captadas en entornos de vulnerabilidad, pobreza, familias desestructuradas y con adicciones".

Según el Front, "está constatado que la mayor parte de las mujeres que participan en vídeos porno están en situación de prostitución, amenazas, coacción y abuso".

Ha indicado al Gobierno central que este país está adherido a la Carta de Derechos Humanos, comprometido por los convenios internacionales contra todas las discriminaciones hacia las mujeres y ha aprobado leyes contra la violencia de género, por la protección de la infancia o contra la trata.

Exige, por tanto, al Ministerio de Consumo que impulse de manera urgente iniciativas legislativas que conduzcan a la eliminación de la publicidad y las páginas web de contenido pornográfico.