Lezertua ha estado acompañado, en el acto de presentación que se ha celebrado en el Colegio de Abogados de Bizkaia, en Bilbao, por el presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV), Iñaki Subijana, y el presidente del Consejo Vasco de la Abogacía, Carlos Fuentenebro.

El documento hace un llamamiento a la aplicación y difusión de la propuesta de actuación articulada y coordinada entre las diferentes administraciones y sistemas, para reforzar la protección de la víctima y la reparación del daño en supuestos de posible abuso sexual infantil, "a la luz de las carencias" observadas.

Se trata de una recomendación general, una hoja de ruta elaborada por el Ararteko, fruto de un largo proceso de trabajo, con la que pretende contribuir a la mejora en la detección de los casos, así como en la intervención y tratamiento de los niños, niñas y adolescentes víctimas de "esta grave forma de maltrato".

Tras varios años de "preocupación" por la respuesta ofrecida por las distintas instancias públicas vascas a estas víctimas, en 2019 el Ararteko decidió realizar una propuesta de protocolo de actuación para paliar uno de los principales déficits existentes: "la respuesta fragmentada e inconexa de los distintos sistemas públicos, es decir, la ausencia de criterios compartidos e itinerarios de tránsito claros en una respuesta a las víctimas necesariamente integral y ordenada".

Atendiendo a esta carencia, el documento plantea como principal objetivo "asegurar una intervención eficaz" en los casos de abuso y explotación sexual infantil "garantizando, en todos los casos, la protección de la víctima y la reparación del daño".

Para ello, tiene la mirada puesta "en los tránsitos de un sistema a otro y en lo que cada uno de esos sistemas ha de hacer para no malograr la tarea de otros agentes, colaboradores imprescindibles".

La perspectiva desde la que se formula esta recomendación es la de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, "esto es, personas con derechos". Desde este paradigma, el texto considera que el abuso sexual infantil "es violencia contra la infancia, una forma de maltrato grave", tal como remarca la Convención sobre los Derechos del Niño y el propio Comité.

DOS IDEAS FUERZA

Desde este punto de vista, las dos ideas fuerza son, en primer lugar, que se orienten de "todas las actuaciones a mitigar la victimización secundaria, evitando diligencias repetitivas y adecuándose a los criterios de mínima intervención, celeridad y especialización"; y en segundo lugar, al acceso de todas estas víctimas "al tratamiento para la reparación del daño con la mayor brevedad posible".

Eso implica, según el texto, que se garanticen los servicios disponibles para este tratamiento sean de acceso público y universal, y que todos los agentes trabajen para facilitar el comienzo del tratamiento reparador sin demoras innecesarias".

A partir de estos elementos que sustentan el resto, las pautas de actuación desgranan, agrupadas en los momentos de la detección la intervención y el tratamiento, las responsabilidades y funciones de cada actor, la secuencia de las actuaciones y su temporalización.

Una vez definidas técnicamente las pautas de actuación consideradas más adecuadas para este momento y en las circunstancias actuales, el Ararteko recomienda a las administraciones públicas vascas implicadas que apliquen las medidas recogidas en las "Pautas de actuación en casos de abuso y explotación sexual de niños, niñas y adolescentes en Euskadi" en aquellos aspectos concretos que afectan a su sistema o institución.

Asimismo, pide que las difundan en su ámbito competencial y pongan en marcha todas las acciones y reformas necesarias para que cada modelo de actuación y procedimental se adecúe e integre las medidas contempladas en ella.

También plantea que promuevan la formación y especialización de las personas profesionales de su ámbito correspondiente, incluidas las que realizan su práctica privada. Además, deberá asegurarse que dicha formación se realice desde un enfoque de derechos humanos, de infancia y de género.

Además, emplaza a que hagan seguimiento y evaluación de las medidas desarrolladas, incorporando los elementos de corrección y mejora que se valoren necesarios, y lo comuniquen al Ararteko para la actualización, en su caso, de las pautas de actuación.

El documento insta al sistema de servicios sociales a que, como primer paso en su apuesta por un modelo de atención integral, articule los servicios necesarios para garantizar el acceso al tratamiento público a todas las niñas, niños y adolescentes víctimas de abuso sexual, "independientemente de cualquier valoración respecto a la capacidad protectora de su familia".

También invita a las instituciones que integran la administración de justicia a que posibiliten la integración en su práctica procedimental de las citadas pautas de actuación.

OTRAS INICIATIVAS

La propuesta del Ararteko comparte finalidad y orientación con otras iniciativas de total actualidad, como el proyecto de ley orgánica de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia, actualmente en tramitación en las Cortes Generales.

Lo mismo ocurre con el modelo de las casas de los niños y niñas o modelo Barnahus, por el que la Administración vasca apuesta, en base a las principales líneas de actuación presentadas por la responsable del Departamento de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales del Gobierno Vasco al inicio de la XII Legislatura.

Estas pautas de actuación ya han recorrido el camino de fijar objetivos y orientaciones compartidos, alcanzar consensos y acordar formas de trabajo coordinadas. Por ello, el Ararteko defiende que son "un primer paso en la buena dirección, un instrumento real y actual al servicio de una respuesta cada vez más ambiciosa en la que seguir trabajando".

EL SISTEMA JUDICIAL

Tras la lectura de la recomendación, el presidente del TSJPV ha recordado que la protección y la restauración de las víctimas están "muy vinculadas" al sistema de Justicia. Además, ha recordado que la protección debe darse en un doble plano: ante el riesgo de revictimización y ante la victimización secundaria, esta segunda "procedente del propio sistema público que, en principio, está diseñado para proteger y no para generar un daño adicional" al menor.

Iñaki Subijana ha apuntado que se debe evitar que la víctima reitere su testimonio en el marco del procedimiento judicial, y también se debe respetar "escrupulosamente" su privacidad respecto a elementos informativos que pueden conducir a una identificación pública directa o indirecta.

Otro objetivo, según ha recordado, es el de la restauración, de forma que se reparen, "al máximo nivel", los daños psíquicos, físicos y emocionales que pueden derivarse de "esta grave victimización". Para todo ello, ha dicho que es necesario tener en cuenta "el impacto emocional" del delito en la víctima a la hora de ponderar su gravedad.

Por ello, cree necesario que se combinen estrategias colaborativas y específicas, porque "ninguna de las partes del sistema es autosuficiente, pero todas las partes del sistema tienen elementos suficientes que aportar en el resultado final". Por último, ha destacado que el sistema judicial debe "ser permeable a la conexión con los sistemas públicos no judiciales" que también intervienen en esta materia, para proteger a las víctimas.