Así lo ha manifestado tras mantener en La Palma una reunión junto al presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, con representantes de las organizaciones de productores de plátano y los máximos responsables de Asprocan, que demandan excluir esta fruta de algunos aspectos de la Ley de la Cadena Alimentaria. En estos momentos se está tramitando en las Cortes la segunda fase de su modificación, la transposición a la normativa española de la directiva comunitaria de prácticas comerciales desleales.

El ministro ha asegurado que la Ley de la Cadena recoge suficiente flexibilidad para atender las especificidades de cada sector agroalimentario; una ley, ha subrayado, que atiende a una demanda histórica de las organizaciones profesionales agrarias, que los productores perciban precios dignos.

Luis Planas ha escuchado las propuestas del sector y ha señalado la voluntad del Gobierno de aclarar, en las enmiendas -la modificación de la Ley se encuentra en estos momentos en tramitación parlamentaria- los aspectos relativos al cálculo del coste de producción.

Ha remarcado que no hay ninguna razón objetiva para que el plátano producido en las Islas Canarias quede excluido de los preceptos de la Ley y esté dispuesto a vender, sistemáticamente, por debajo del coste de producción. Añadió que el Gobierno ha atendido con esta ley una de las demandas históricas de agricultores y ganaderos, con el objetivo de dotar de transparencia la formación de precios, equilibrar la cadena alimentaria y proteger al eslabón más débil para asegurar que los productores cobren un precio digno.

Planas ha hecho hincapié en que esta ley persigue evitar la destrucción de valor, así como determinadas prácticas comerciales desleales y luchar contra la venta por debajo del precio de producción.

FLEXIBILIDAD PARA ATENDER DISTINTAS ESPECIFICIDADES

Además, aseguró que la Ley ofrece suficiente flexibilidad para poder atender las especificidades de cada sector. La ley obliga a que en el contrato se indique si el precio pactado cubre el coste efectivo de producción, y para ello el vendedor debe conocerlo; sin embargo, no es necesario que este coste figure en el contrato, pero obviamente sí debe ser uno de los elementos sobre los que se establezca al precio de venta, explicó el ministro.

El cálculo del mencionado coste efectivo de producción lo hará cada sector y cada explotación a su medida. Por ejemplo en el caso del plátano, si se hiciera un contrato de suministro continuado por un año, no haría falta que cada partida estuviese por encima del coste efectivo, sino que el conjunto de todas las entregas tuviese un valor que cubriese dicho coste.

Por otra parte, la producción de plátano canario está organizada en torno a seis organizaciones de productores con forma jurídica de empresas de economía social (cooperativas y sociedades agrarias de transformación).

En este caso, ha detallado Planas, las entregas de los socios no se consideran relaciones comerciales (al ser el socio parte de la empresa). Se trata de entregas para la comercialización en común, no existe venta y, por tanto, no ha de pagarse un precio igual o superior al coste efectivo de producción al anterior operador. En este caso se velará porque la entidad en su conjunto perciba un precio igual o superior a los costes de producción.

Luis Planas ha insistido en que la modificación de esta ley ha sido fruto de la demanda histórica del sector: percibir precios dignos, a través de una cadena agroalimentaria más justa y transparente en la formación de precios.

El plátano de Canarias es un producto de calidad, una Indicación Geográfica Protegida, diferenciado por su origen que le otorga unas características propias y exclusivas. "Un producto que ha de valorizarse y que no debemos banalizar", ha remarcado el ministro.

"PRODUCTIVA Y NECESARIA"

Por su parte, el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, aseguró que la cita negociadora ha sido "amable, afable, productiva y necesaria" para acercar posturas sobre cuál debe ser y cómo se debe contemplar la situación del plátano de Canarias dentro de la Ley de Cadena Alimentaria.

Ángel Víctor Torres recordó que la convocatoria de este viernes tiene que ver con la voluntad antes mostrada por el Ejecutivo autonómico, el propio ministro y la consejera de Agricultura del Gobierno de Canarias, Alicia Vanoostende, de concretar esa cita de trabajo, algo que se ha producido este mediodía y ha resultado "muy productivo".

Torres se refirió al citado encuentro como "productivo" y extrajo algunas conclusiones a partir de los consensos alcanzados, entre ellas, que se apoya la necesidad de que exista o haya una Ley de Cadena Alimentaria; que el plátano que se cultiva en las islas tiene un riesgo en la banana (esta se comercializa en España y Europa a precios más competitivos debido a su menor coste de producción) y que, por lo tanto, la protección de esa producción local se debe concretar en el seno de la Unión Europea con la baza de la condición de Canarias como región RUP.

También valoró y aplaudió el logro conseguido de mantener la ficha financiera del Posei hasta el año 2027 en 268,5 millones por año, con la partida inalterable de 141 millones solo para los productores de plátano en las islas, y añadió que la reunión se ha centrado en la preocupación que existe en Canarias respecto al futuro de su principal cultivo de exportación: el plátano.

"A LA EXPECTATIVA".

La Asociación de Organizaciones de Productores de Plátanos de Canarias (Asprocan) se ha mostrado "a la expectativa" tras el encuentro con el ministro y recordó que desde hace meses viene solicitando que el plátano de Canarias se exceptúe de ciertos artículos de esta ley que impiden a los productores la libertad de negociar el precio de venta de su fruta (artículos 9.1.c) y j) y 12 ter).

La reunión ha permitido al ministro conocer en detalle las prácticas comerciales del plátano de Canarias, las especificidades que hacen de éste un producto con un modelo de comercialización específico y una competencia particular y cómo, con la actual Ley de la Cadena Alimentaria, el objetivo de remunerar a los productores al menos por el coste de producción "no sólo no se cumple, sino que además pone en riesgo su nivel actual de ingresos y volumen de comercialización".

Los representantes del plátano han querido reiterar al ministro que no se trata de una petición realizada únicamente por el sector, recordando la decisión adoptada el pasado mes de marzo por la amplia mayoría de los grupos políticos del Parlamento de Canarias de instar al Gobierno de España y al Congreso de los Diputados a exceptuar al plátano de Canarias de dichos preceptos de la Ley, que "ponen en riesgo su capacidad competitiva en el mercado, abocándolo a convertirse en un producto residual e incrementando en consecuencia la presencia de la banana de terceros países hasta su total sustitución".