Entre los 14 arrestados de este jueves figuran el ya exsubdelegado de Gobierno en Valencia Rafael Rubio (PSPV) y el exvicealcalde de València Alfonso Grau (PP), ambos por presuntamente cobrar mordidas a cambio de adjudicaciones de infraestructuras.

Oltra, en rueda de prensa tras el pleno del Consell, ha hecho hincapié en la necesidad de enmarcar este caso en su "espacio y tiempo" cuando gobernaba Barberá, alcaldesa fallecida en 2016. "Los hechos delictivos están vinculados a cuando gobernaba el PP: eso es incontestable", ha enfatizado.

Una vez más, a su juicio, la actuación de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil recuerda la manera de gobernar antes de que "los valencianos desterraran la corrupción de las instituciones en 2015".

Ha rechazado así que se utilizara la política "para el negocio sucio de unos pocos" o para "beneficiar a unos cuantos espabilados" y no para el bienestar y la felicidad de las personas como una "herramienta útil", recordando que la actuación judicial sigue y "marcará el ritmo".

Por contra, Oltra ha sacado pecho de que el gobierno del Botànic tuvo desde 2015 "muy claro" que la clave de la política era la transparencia, el buen gobierno, la rendición de cuentas y la "decencia". "Nos felicitaron incluso desde instituciones europeas", ha recordado.

Sin negar que "siempre habrá personas corruptas", ha defendido que lo más importante son las líneas de defensa de las instituciones al detectar que una personas corrompe o se deja corromper.

A su juicio, lo relevante es cómo se reacciona, en este caso "con una rapidez que en otras épocas no pasaba", ya que Delegación de Gobierno cesó fulminantemente a Rubio y el PSPV le suspendió de militancia.

VERA: LA LÍNEA ÉTICA "NO LA MARCAN LOS TRIBUNALES"

También ha insistido en enmarcar la trama en su momento, al ser preguntada por uno de los detenidos, el jefe de los servicios jurídicos de Divalterra José Luis Vera, que al parecer tuvo un papel destacado porque habría intermediado entre los políticos y uno de los empresarios arrestados, el constructor Jaime Febrer, localizado este jueves en Ibiza.

La portavoz ha recordado que el Código de Buen Gobierno de la Generalitat "marca cómo actuar" y que la Diputación de Valencia está adherida, mientras que si se trata de un funcionario depende de la justicia y "no del gobierno de turno".

"La línea ética no la marcan los tribunales: es más exigente", ha recalcado tras asegurar que desconoce "exactamente" el puesto que ocupa Vera en esta empresa pública de la Diputación de Valencia (PSPV-Compromís). Y ha incidido: "Esto solo tiene una lectura. Estoy segura de que aplicarán el Código de Bueno Gobierno porque la Diputación está adherida, si no recuerdo mal".