Las otras seis personas que ya han pasado a disposición judicial este jueves han quedado en libertad a disposición de la autoridad judicial, ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) en un comunicado.

La causa está abierta por presuntos delitos de falsedad, soborno, blanqueo y grupo criminal, y la mayoría de los detenidos se han acogido a su derecho a no declarar.

Además, la jueza ha levantado este jueves el secreto de las actuaciones tras el operativo, que empezó el martes con la detención de más de 400 personas entre presuntos falsificadores y compradores.

La presunta banda falsificó expedientes administrativos a precios de entre 4.000 y 10.000 euros para un total de 1.845 personas de provincias de toda España, según la investigación.

Mossos y Policía llevaron a cabo registros en 25 provincias españolas y, en Catalunya, en las localidades de Sant Feliu de Guíxols, Calonge, Llagostera, Quart (Girona) y Vic (Barcelona) -donde presuntamente residen los responsables de la trama-.

Según explicaron fuentes cercanas al caso a Europa Press, esta organización supuestamente falsificó documentos públicos a través de un trabajador de la Dirección General de Tráfico (DGT) de Girona -ya detenido- que utilizaba las bases de datos para crear los documentos de conducir falsos mientras otra persona conseguía los compradores.