Inhabilitan a un sargento de la Guardia Civil por apropiarse del dinero de varios denunciantes

La Sección Cuarta de la Audiencia de Pontevedra ha condenado a un sargento primero de la Guardia Civil por aprovecharse de su cargo para apropiarse de dinero de personas que acudían a formalizar denuncias.

Al inicio del juicio, el guardia civil acusado empezó negando todos los hechos y mostrando discrepancias con la actuación de su propio abogado pero, tras contestar a las preguntas del fiscal Juan Carlos Aladro, decidió cambiar de estrategia y pidió un receso para plantear un acuerdo de conformidad.

Tras unos minutos de suspensión, la vista oral se retomó y entonces el guardia civil admitió la autoría de todos los hechos por los que estaba acusado y por los que la Fiscalía le pedía inicialmente una pena de nueve años y tres meses de prisión.

En virtud del acuerdo al que llegaron las partes, la Fiscalía ha rebajado la petición de penas y el sargento primero ha aceptado una condena de 3 meses de prisión con suspensión de empleo y sueldo por cada uno de los dos delitos de apropiación indebida, así como 6 meses de suspensión de empleo y sueldo por cada uno de los dos delitos de omisión del deber de perseguir delitos y multa de 5 meses con una cuota diaria de 10 euros por un delito de falsedad en documento público. Además quedará inhabilitado por 5 años y tendrá que asumir el pago de las costas procesales.

La Fiscalía ha tenido en cuenta las atenuantes de dilaciones indebidas, la de confesión tardía y la de reparación del daño, pues devolvió a las víctimas "el dinero recibido e indebidamente apropiado".

HECHOS

Los hechos que ha admitido haber cometido este guardia civil ocurrieron en el verano de 2015, cuando el procesado era comandante del puesto del Instituto Armado en O Covelo. Según confesó, recogió datos facilitados por una persona que buscaba denunciar a otra por desavenencias en un contrato pero "no formalizó minuta policial ni atestado alguno", "ni tampoco presentó minuta o atestado ante los Juzgados de Ponteareas, tal y como era su obligación".

Además, el acusado llamó a la persona a la que se había intentado denunciar y, "prevaliéndose de su condición de agente de la autoridad", la convenció de que le entregase 900 euros "con la excusa de que arreglaría las cosas" con el otro implicado. Finalmente, el sargento primero cobró la cantidad y la incorporó a su patrimonio.

La primera persona intentó en tres ocasiones interponer la denuncia, hasta que el acusado "se vio obligado a recogerla" en abril de 2016. Después, "con la finalidad de evitar ser descubierto y eludir sus responsabilidades", el sargento primero elaboró dos oficios y una diligencia policial -incorporados al atestado que incluye la denuncia- en los que agregó un relato "no coincidente en modo alguno con la realidad" para "enmascarar sus propias acciones".

OTRO CASO

Asimismo, en 2015, un hombre se presentó en el puesto de la Guardia Civil para interponer una denuncia por la comisión de un delito de apropiación indebida contra otro varón debido a desavenencias en un contrato para proceder a la tala de unos árboles. Este hombre fue atendido por el acusado, que, "prevaliéndose de su condición de Guardia Civil", lo convenció para que no interpusiese denuncia alguna "con la excusa de que arreglaría las cosas" con la otra persona en su nombre.

No obstante, el comandante del puesto de Covelo "no formalizó minuta policial ni atestado alguno, ni tampoco presentó minuta o atestado ante los Juzgados de Ponteareas por estos hechos, tal y como era su obligación". Después, citó al segundo varón para que acudiese al puesto en enero de 2015, donde "le informó de que existía una investigación policial por la comisión de un delito de apropiación indebida" y de que debía que pagar al primer hombre el precio de la madera talada. Así, el segundo varón entregó en metálico 1.000 euros al acusado.

Ese mismo día, volvió a convocar a este segundo hombre y le informó de que tenía que pagar a la otra persona "el precio de la madera talada que todavía no había sido satisfecha". Así, este le entregó otros 1.000 euros.

El comandante del puesto recibió el dinero, pero solo ingresó al hombre que había intentado interponer la denuncia los primeros 1.000 euros. El segundo varón logró la devolución de la cantidad restante cuando el acusado fue citado para prestar declaración en calidad de investigado ante la autoridad judicial.

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