El tribunal adopta esta decisión a la espera de que se resuelvan los incidentes sobre los bienes y elementos que los familiares del dictador podrían sacar el inmueble, además de los recursos de reposición presentados tanto por el Estado, la Xunta, la Diputación provincial y los ayuntamientos de A Coruña y Sada.
Este mismo juzgado ha emitido otra resolución en la que se requiere al Estado a depositar, en el plazo máximo de un mes, toda la documentación e información que justifique la necesidad de realizar obras en el Pazo, tal y como solicitaba la familia Franco.
En este sentido, el Gobierno central deberá justificar la declaración de emergencia de las contrataciones de las obras y especificar los trabajos concretos realizados, aquellos que está ejecutando y los que "proyecta ejecutar".
(HABRÁ AMPLIACIÓN)
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