Prisiones recuerda que la vacunación depende de Sanidad y CCAA ante las críticas de CSIF por los retrasos

Instituciones Penitenciarias ha recordado este martes que la vacunación contra la Covid-19 depende de la estrategia pactada entre el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas, siendo estas últimas las que "ejecutan y deciden cómo, cuándo, dónde y con qué se vacuna".

Además, ha señalado que la mayoría de los 17.000 funcionarios vacunados -de una plantilla de 24.000- han recibido la primera dosis de AstraZeneca, por lo que, como el resto de los colectivos clasificados como esenciales, "están a la espera de que se resuelva la paralización de la segunda dosis".

La institución dependiente del Ministerio del Interior ha dado estas explicaciones ante las críticas de CSIF, que acusa a este departamento de "olvidarse" de los sus funcionarios en prisiones mientras se comienza a vacunar a los presos.

"Cada comunidad autónoma ha comenzado a vacunar a los internos según ha considerado", han señalado desde Instituciones Penitenciarias, que ha añadido que tienen constancia de que ya han recibido alguna dosis los de las prisiones de Cantabria, País Vasco, Andalucía, Extremadura, Murcia y algunos centros de Castilla y León.

En cualquier caso, subrayan que el Ministerio del Interior no tiene competencia sobre la vacunación y que, en lo que se refiere a los presos, se ha procedido a suministrar las dosis atendiendo a la quinta actualización de la Estrategia de Vacunación.

CSIF ESTUDIA ACCIONES LEGALES

CSIF ha anunciado que estudia acciones legales ya que los funcionarios de prisiones "contemplan ahora cómo miles de vacunas están llegando a las cárceles destinadas para la población reclusa, mientras los responsables de su vigilancia aún están sin inmunizar". Citan el caso de cárceles como Castellón II, con el 50% de la plantilla aún sin la primera dosis.

Según los datos de Instituciones Penitenciarias, se ha vacunado ya a los 1.300 sanitarios que trabajan en las cárceles y se ha suministrado la primera dosis a 17.000 funcionarios, por lo que alcanzaría ya al 75% de la plantilla de trabajadores, a la espera de lo que se decida con AstraZeneca.

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