Sánchez esquiva a los presidentes autonómicos e incumple su promesa de reformar la ley antes del fin de la alarma

Pedro Sánchez
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante una rueda de prensa.
EUROPA PRESS

Tras casi seis meses, el estado de alarma ha terminado a las 00.00 horas de este domingo. Es entonces cuando ha decaído el decreto que ha dado cobertura jurídica al toque de queda, a los cierres perimetrales y a la limitación del número de personas que pueden reunirse tanto en espacios públicos como en el ámbito privado. A partir de ahora, las comunidades autónomas aprobarán las restricciones que consideren oportunas, los tribunales superiores las aprobarán o rechazarán y, en caso de discrepancia, el Supremo tendrá la última palabra.

El fin de la alarma viene precedido de polémica política: el Gobierno decidió no prorrogarla arguyendo que las autonomías pueden controlar el virus con la legislación ordinaria, mientras que varias comunidades alertaron de que los tribunales podrían revertir las restricciones. Sea como sea, lo cierto es que un vistazo a la hemeroteca basta para comprobar que Pedro Sánchez ha incumplido la promesa de preparar un plan legal alternativo y que ha esquivado a los presidentes autonómicos en esta desescalada.

Sin diálogo con las comunidades autónomas

El presidente Sánchez anunció que no iba a prorrogar la alarma el pasado 6 de abril, cuando afirmó que su intención era que "el 9 de mayo sea el punto y final al estado de alarma". "Ese es nuestro objetivo, ese es nuestro propósito y para eso trabajamos", remachó. Durante esa rueda de prensa en Moncloa, el presidente elogió "el sistema de codecisión" articulado con las comunidades, pero no hizo mención a la conferencia de presidentes, a la que propuso otorgar un importante papel cuando el Gobierno aprobó el decreto. 

Fue, en concreto, el 29 de octubre de 2020, cuando el Ejecutivo necesitaba apoyos para aprobar la prórroga de seis meses y pactó con ERC una enmienda al decreto que establece que "transcurridos cuatro meses de vigencia de esta prórroga [es decir, a finales de febrero], la conferencia de presidentes autonómicos podrá formular al Gobierno una propuesta de levantamiento del estado de alarma" en función de la evolución de los indicadores de la epidemia y previo acuerdo favorable del Consejo Interterritorial.

Aunque no hubo solicitud formal del consejo, el Gobierno tampoco ha querido convocar la conferencia desde el 26 de octubre de 2020, pese a que Pablo Casado se lo pidió en abril precisamente para debatir en torno al final del estado de alarma. La actitud actual del Ejecutivo, además, contrasta con la que mantuvo en los primeros compases de la pandemia: entre marzo y junio de 2020 la conferencia de presidentes se celebró con carácter semanal, después hubo una en julio, otra en septiembre, una más en octubre... y no se ha vuelto a reunir.

Sin paraguas legal alternativo

Sánchez ha incumplido, además, la promesa de preparar un marco legal alternativo para "gestionar el seguimiento de la pandemia una vez se levante el estado de alarma", como planteó el 20 de mayo de 2020 en el Congreso. Durante el debate en ese Pleno, el presidente aseguró que analizaría reformas "necesarias" y "muy concretas" en hasta cuatro leyes: la General de Sanidad, de 1986; la del sistema nacional de salud, de 2003; la de Salud Pública, de 2011; y la Ley de Seguridad Nacional, de 2015. 

Una semana antes, el 13 de mayo, la vicepresidenta Carmen Calvo también se había referido a la necesidad de "abordar algunas reformas legislativas importantes" para abordar posibles repuntes en ausencia de decreto de alarma. "Queremos acabar con el estado de alarma, pero tenemos que pertrecharnos (...) por si existe un repunte no tener que utilizar el artículo 116 de nuestra Constitución. Salir de la alarma significa dotarnos de instrumentos importantes (...). Los proyectos de reforma legislativa vendrán muy rápido", aseguró.

Sin embargo, con vistas al final de la alarma, el Gobierno sólo ha aprobado otro decreto que permite a las comunidades pedir al Supremo que avale aquellas restricciones que afecten a derechos fundamentales. La medida no garantiza que puedan mantener el toque de queda o los cierres perimetrales, sino que permite recurrir al Alto Tribunal si los tribunales superiores no avalan en primera instancia las propuestas de los presidentes autonómicos. Además, el Supremo "unificará" doctrina y evitará que una región pueda aplicar una medida y otra no.

Calvo critica el "juego político"

Sobre la conferencia de presidentes, la vicepresidenta Calvo dijo este jueves en Onda Cero que se convocará "antes de que se termine la mitad de este año", pero criticó que "algunos presidentes" autonómicos criticaran las conferencias que se celebraron durante la primera parte de la pandemia y ahora la reclamen. "Hicimos 17 o 18 [conferencias] y algunos presidentes dijeron que era una misa de domingo por la mañana, que no servía para nada", insistió Calvo, quien recordó que Sánchez es el presidente que la ha convocado "más que nunca".

Sobre el final del decreto de alarma, el Gobierno insiste en que el Consejo Interterritorial, las competencias autonómicas y la posibilidad de recurrir al Supremo constituyen un marco suficiente para controlar el virus, aunque no oculta que también es una cuestión de coste político: "Quienes nos decían que no hacía falta alarma, ahora nos dicen que hace falta (...). Resulta mucho más cómodo que el Gobierno asuma lo que hemos asumido. Ha habido mucho juego político y el Gobierno ha asumido grandísimas responsabilidades", dijo Calvo.

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