Alcanzar el ansiado equilibrio del sistema de pensiones es uno de los quebraderos de cabeza pendientes de resolver en España. El envejecimiento de la población y las altas tasas de desempleo llevan tiempo comprometiendo el actual modelo contributivo: los trabajadores de hoy sufragan con sus aportaciones a la Seguridad Social las pensiones del presente de nuestros mayores.

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El mantenimiento de la viabilidad del modelo de pensiones ha sufrido una vuelta de tuerca durante la pandemia. Los fondos de recuperación europea, proyectados como un maná de liquidez para España, no están exentos de intereses. En contrapartida, España ha tenido que enviar a la Unión Europea su compromiso en materia de pensiones, alineado con algunas de las demandas de Bruselas, para garantizar la llegada de financiación comunitaria.

El anteproyecto de Ley de Reforma de la Seguridad Social, además de revalorizar las pensiones en consonancia con el IPC, presenta otra novedad para mantener el poder adquisitivo del pensionista: el factor de equidad intergeneracional. Cada cinco años se revisarían los parámetros de cálculo “por las diferencias de la evolución de la esperanza de vida a los 67 años de la población en el año en que se efectúe la revisión y la esperanza de vida a los 67 años en 2027”, según se explica un fragmento de lo que hasta ahora se conoce del anteproyecto.

"Deberíamos ir a un sistema de cuentas nocionales, similar al de reparto pero ya de aportación definida"

La divulgadora financiera Esperanza Gómez, en un encuentro reciente de FinectTalks, manifestó que introducir la variable de la esperanza de vida redundará en un modelo de pensiones más balanceado y proporcional en términos de contribuciones y prestaciones esperadas. “Deberíamos ir a un sistema de cuentas nocionales, similar al de reparto pero ya de aportación definida, donde lo que vas a cobrar va a estar supeditado a la esperanza de vida, a la masa salarial, el número de personas que estén trabajando en ese momento. Y además es transparente: ves en una hucha virtual el dinero que vas aportando. Al hacerlo transparente, lo haces eficiente”.

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La reforma aprobada por el Gobierno de Rodríguez Zapatero retrasaba la edad de jubilación dos años (hasta los 67) de forma progresiva. Sin embargo, la edad efectiva de retiro se sitúa en la actualidad alrededor de los 64,5 años. Javier Morillos, catedrático de economía aplicada en CEU San Pablo, explica a Finect que el sistema español, de tipo asistencial, favorece la cohesión social gracias a sus red de prestaciones (sobre todo a través de las no contributivas), pero flaquea a la hora de espolear la cotización. Por ello, ve una mejora en la propuesta del Gobierno de incentivar el retraso de la edad de jubilación, capaz de aliviar un modelo lastrado por la baja tasa de actividad (o lo que es lo mismo, una alta tasa de paro).

“Faltan incentivos para aumentar las carreras de cotización”, ahonda Morillos, partidario de otro de los cambios propuestos a Bruselas: aumentar gradualmente de 15 a 25 el cómputo de años a tener en cuenta para calcular la base de cotización. Luis Ayala, catedrático de economía en la UNED, detecta una muesca en ese incremento. “Afecta, sobre todo, a las generaciones que entraron en el mercado laboral en fases recesivas de la economía, al haber tenido salarios iniciales más bajos por las menores oportunidades laborales”. De todas formas, Ayala subraya la convergencia experimentada en muchos países donde ya consideran la vida profesional completa para establecer las pensiones.

Según los expertos consultados, estas modificaciones se perfilan como la llave para homologar el modelo nacional al de otros países europeos y, de paso, hacerlo más racional