Esta propuesta es la conclusión de un informe sobre la adaptación de la legislación foral de Navarra a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, un estudio comparado en relación a las normativas comunitaria, estatal y autonómica que ha sido elaborado fruto del convenio suscrito en 2020 entre el Parlamento de Navarra, la UPNA y el Comité de Entidades Representantes de Personas con Discapacidad de Navarra (CERMIN).

Para la elaboración del informe se creó un grupo de trabajo en el que también participaron integrantes del Gobierno de Navarra, del CERMIN o de la Fundación Caja Navarra.

El objetivo de este trabajo era servir de "base para avanzar por la senda de la plena inclusión en el ámbito de los derechos humanos", según ha explicado en la presentación del informe el presidente del Parlamento de Navarra, Unai Hualde.

Este trabajo servirá para la aplicación de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CIDPD), un tratado que data de 2006 y que compromete al desarrollo de iniciativas que garanticen la autonomía, la movilidad y la vida independiente de las personas con discapacidad.

Unai Hualde ha señalado que el informe, de cuya elaboración se ha encargado la UPNA, está "respaldado por todos los grupos del arco parlamentario y va a marcar la acción legislativa de los próximos años". "Ahora se trata de proponer las modificaciones o desarrollos normativos y reglamentarios que sean precisos para, con la implicación del Gobierno y desde las diferentes visiones representadas en el equipo redactor, progresar hacia la aplicación práctica de las medidas", ha señalado, afirmando que "ahora la pelota queda en manos del Gobierno y del Parlamento".

Por su parte, Roldán Gimeno, secretario general de la UPNA, ha entrado en el contenido del estudio realizado para señalar que la unificación de la legislación vigente "se antoja fundamental". "Una ley foral de garantías de los derechos de la discapacidad, donde se recoja la doble exigencia de no discriminación y derechos fundamentales, situaría a Navarra en la vanguardia", ha sostenido.

Roldán Gimeno ha dicho que Navarra parte de una "posición ventajosa" respecto a la situación de otros territorios, pero ha señalado que "aún así queda camino por recorrer" y ha explicado que la legislación vigente es "dispersa" y se compone de "menciones puntuales" a la discapacidad en distintas leyes foral. Por ello, ha insistido en la conveniencia de una nueva ley que sea integral.

Por su parte, Begoña Pérez Eransus, vicerrectora de Proyección Universitaria, Cultura y Divulgación de la UPNA, ha aludido al "compromiso de la Universidad con el desarrollo social de su entorno" para justificar la participación en un estudio al que han tratado de incorporar la "perspectiva de la diversidad".

Pérez Eransus ha destacado que "la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con discapacidad aporta un cambio de enfoque sustancial, las personas con discapacidad pasan de ser sujetos de discrecionalidad a sujetos de derecho, también a nivel de autonomía". "Navarra parte de una posición ventajosa, pero hay que mejorar y adaptar el marco legal", ha señalado Eransus.

Por último, Mari Luz Sanz, presidenta de CERMIN, ha agradecido la disponibilidad del Parlamento, la UPNA y el Gobierno para "medir la aplicabilidad de las disposiciones de la Convención en el día a día de las personas, porque entiendo que ayudará a su realización efectiva". "Hablamos de personas sujetas a los mismos derechos y obligaciones que el resto. No podemos dejar a nadie atrás", ha asegurado.

El grupo de trabajo encargado de elaborar el informe ha estado compuesto por Carmen Burgui, directora técnica del CERMIN; Manuel Arellano, vicepresidente de CERMIN y presidente de COCEMFE Navarra; Belén López, directora del Servicio de Secretariado del Gobierno y Acción Normativa; Roberto García, jefe de la sección de coordinación del servicio de Secretariado del Gobierno y Acción Normativa; Javier Miranda, presidente de Fundación Caja Navarra y patrono de la Fundación Derecho y Discapacidad; Isabel Urzainqui, abogada y experta en discapacidad; y Roldán Gimeno, Mikel Lizarraga y Begoña Pérez (UPNA).