Las voces que reclaman un diálogo para poner fin a la violencia en Colombia ganan relevancia mientras continúan las protestas contra el Gobierno de Iván Duque, que comenzaron hace una semana para pedir el fin de la reforma tributaria pero que son el reflejo del malestar de una gran parte de la sociedad colombiana.

Mientras las manifestaciones siguieron por noveno día consecutivo en un país que vive con profunda tristeza y malestar la situación social, Duque, que el miércoles hizo hincapié en que los desmanes se deben a "manos criminales" con lazos con el narcotráfico, pidió este jueves "escucharnos como sociedad y encontrar soluciones", aunque sigue sin tender la mano a las organizaciones de las protestas.

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La Misión de Apoyo al Proceso de Paz (MAPP/OEA) consideró este jueves en un comunicado que "estos diálogos son necesarios y urgentes" pues "la actual coyuntura demanda el gesto genuino de todos los actores para conversar sobre los temas que más preocupan a la sociedad colombiana".

Desde colectivos como el de rectores universitarios llaman a un "diálogo amplio, inclusivo, honesto, alrededor de temas estructurales y urgentes que requieren soluciones construidas como un gran pacto social".

"Hemos llegado a un punto de verdadero agotamiento del modelo que le ha propuesto el uribismo al país", dijo en declaraciones a Efe el senador del opositor Polo Democrático Iván Cepeda, quien considera que el diálogo que el Gobierno plantea, "por los primeros anuncios podría ser una repetición de una malograda idea del pasado que es una conversación que no lleva a ninguna parte".

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"En todo caso un diálogo no puede ser entre el Gobierno y sus amigos. Eso sería un monólogo que no lleva a ninguna parte; con quien debe dialogar el Gobierno es con el Comité Nacional de Paro y tiene que ser un diálogo leal, honesto, transparente en el que se busquen unos objetivos que tienen que expresarse en soluciones sobre puntos definidos", dijo el senador.

También desde la oposición, la congresista por la Colombia Humana María José Pizarro dijo en el Congreso que hay que darle "un rumbo claro a las movilizaciones", y estimó que "bienvenida sea la protesta pacífica (porque) la indignación social tiene que ser atendida".

Desasosiego social

Las protestas, que comenzaron el pasado 28 de abril con el paro (huelga) nacional contra la ya retirada reforma tributaria, ahora continúan por mucho más: contra un intento de reformar la salud, que puede llevar a más privatizaciones; contra la brutalidad policial que ha dejado al menos 24 manifestantes muertos, o por la compleja situación de inseguridad.

"Los manifestantes están, en esencia, retomando lo que dejaron cuando la pandemia de covid-19 apareció en marzo del año pasado, frenando meses de protestas callejeras que habían iniciado en noviembre de 2019", explica la analista sénior del grupo de pensamiento Crisis Group Elizabeth Dickinson.

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Al malestar social por el que decenas de miles de personas salieron a protestar entonces se le han sumado los 3,5 millones de personas que han sido empujadas a la pobreza durante la pandemia, y que los más pobres son diez veces más propensos a ser hospitalizados por el covid-19 que los más ricos.

Además, la violencia contra la población civil y contra líderes sociales no ha disminuido en estos dos años y de hecho ha aumentado el número de masacres y asesinatos selectivos, y muchas zonas rurales son terreno de enfrentamiento de distintos grupos armados.

Violencia policial y civiles disparando

Las protestas también volvieron a mostrar el problema del uso desmedido de la fuerza por parte de los organismos de seguridad contra los manifestantes, sobre todo por la noche, que deja hasta el momento 24 manifestantes muertos, según la Defensoría, y 37 según organizaciones sociales como Temblores.

La ONU, la Unión Europea, EE UU y organismos internacionales pusieron al país en su punto de mira por este "uso excesivo de la fuerza policial".

Este jueves, Human Rights Watch (HRW) denunció que la Policía ha lanzado "proyectiles múltiples" desde tanquetas a las personas que protestan en Colombia desde hace nueve días.

"Con testigos presenciales y verificación digital de vídeos hemos corroborado el uso de tanquetas con lanzadores de proyectiles múltiples dirigidos a manifestantes. Es un arma peligrosa e indiscriminada", expresó el director para las Américas de HRW, José Miguel Vivanco, en un mensaje publicado en sus redes sociales.

En la caribeña ciudad de Barranquilla, un joven de 24 años fue ingresado de gravedad en la UCI después de que, según se ve en videos que circulan en redes sociales, fue derribado por los chorros de agua a presión lanzados por camión del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad).

También se encuentra ingresado de gravedad otro joven de 37 años, Lucas Villa, después de que civiles dispararan contra manifestantes que protestaban de forma pacífica en un viaducto en Pereira, capital del departamento de Risaralda (centro-oeste), e hirieran de gravedad a tres jóvenes.

Continúan los bloqueos de carreteras

Este jueves, las protestas continuaron en varias ciudades, aunque con una asistencia notablemente inferior a las de los días previos. En Bogotá, varios colectivos se reunieron en el Parque Nacional para bailar cumbia como forma de protesta y de reivindicar de manera pacífica sus exigencias.

"Yo marcho por las masacres a mi pueblo y las masacres ambientales", rezaba el cartel de dos jóvenes manifestantes, o "Querer un país diferente no debería costarnos la vida" fue otro de los reclamos de un pueblo que pide el cese de la violencia policial.

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En Cali, epicentro de las protestas y donde más personas han perdido la vida, la jornada transcurrió con prudente normalidad, con los bloqueos de las principales vías aún vigentes.

La Defensoría del Pueblo habilitó este jueves 60 corredores humanitarios en 17 de los 32 departamentos del país con el fin de permitir el paso de alimentos y medicinas, al igual que el transporte para movilizar médicos y personas heridas.

"Estamos apoyando una caravana humanitaria con insumos médicos, que en este momento son vitales para que la población pueda acceder a los servicios de salud", dijo el jefe del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) en Cali, Manuel Duce, que llevaba oxígeno medicinal y otro material hospitalario hacia las ciudades de Pasto y Popayán.