Mayte Pérez ha comparecido en la sesión plenaria de las Cortes regionales, donde ha defendido esta ley al afirmar que "permite seguir protegiendo la salud de los aragoneses" una vez concluya el estado de alarma, el próximo domingo, 9 de mayo. Ha subrayado que es una ley aprobada por el Parlamento regional y por tanto "emana de la voluntad representada" en el mismo.

La titular de Presidencia ha recordado que la apoyaron el cuatripartito, Cs e IU, absteniéndose el PP y votando en contra VOX, matizando que el Decreto-Ley original se tramitó después como proyecto de ley para que todos los grupos pudieran hacer aportaciones. "Las leyes son las que hacen posible el cumplimiento de los derechos", ha recalcado, reivindicando el autogobierno.

También ha observado que esta ley dejará de tener efecto cuando el Gobierno de España declare formalmente que la pandemia de la COVID-19 ha concluido y ha rechazado la "desconfianza" del PP hacia el Parlamento. Pérez ha recordado que otros presidentes, como el de la Junta de Andalucía, el popular Juanma Moreno, han lamentado no poder establecer medidas propias por falta de legislación, tras lo que ha comentado que esta ley autonómica no ha sido recurrida ante el TC, restando así valor a la "ligereza" del PP a este respecto.

La consejera ha preguntado a los populares "cómo lo harían" ellos, cómo establecerían medidas de control cuando finalice el estado de alarma, criticando su "cinismo" y "falta de decoro", así como su "esquizofrenia de pedir lo uno y lo contrario".

Mayte Pérez ha aseverado que esta ley da "eficacia e inmediatez" y permite controlar los mecanismos legales para que el Gobierno regional tenga "legitimidad" para tomar medidas y ha dejado claro que, aunque concluya el estado de alarma, "la pandemia sigue entre nosotros, el virus está entre nosotros", por lo que hay una situación de riesgo "evidente" que no se puede tomar "a la torera".

APISONADORA

Mar Vaquero ha apreciado que el Gobierno de Javier Lambán ha actuado como una "apisonadora" haciendo creer a los ciudadanos que "solo pueden elegir entre la vida y la libertad", un planteamiento que responde a "el modelo de sociedad fracasada" que el Ejecutivo quiere "imponer a la sociedad" para "someterla".

A su juicio, la aspiración del Gobierno regional es "ser independiente" respecto de la ley y los jueces porque la norma aprobada en 2020 es "inconstitucional", tras lo que ha advertido de que "la democracia es muy fuerte" y los responsables del Gobierno "no van a escapar del control judicial".

Además, ha continuado, esta ley es "un ejemplo del deterioro al que quieren llevar a las instituciones" con el interés de "esparcir la culpa para no asumir responsabilidades", a lo que ha opuesto las sucesivas propuestas del PP en el Congreso y ante el Ejecutivo central desde el inicio de la pandemia.

Para Vaquero, el PSOE ha tomado la lucha contra la pandemia como "una batalla contra el PP, una pelea legal con el poder judicial" y también para tratar de "enfrentarase al conjunto de la sociedad" sin saber garantizar ni la seguridad ni la libertad, lamentando que los socialistas "no han aceptado" las recomendaciones del PP para "salvar vidas".

También ha señalado que, en Aragón, el PP no está en el Gobierno, pero sí en el Parlamento, desde donde lucha contra el "deterioro" de la institución que, a su juicio, quiere promover el Ejecutivo regional, por ejemplo con esta ley, que incluye "un estado de alarma larvado, activable automáticamente" aunque el rango autonómico de la misma no sea "suficiente" por razones competenciales, sustantivas y formales.

"Dígame con qué amparo legal va a adoptar medidas que supongan una limitación de los derechos fundamentales de los aragoneses", ha espetado Vaquero a Pérez, exigiéndole que dé "certidumbre" a los ciudadanos.

"Jamás cometeríamos esa aberración jurídica", ha sentenciado Vaquero, para añadir que "quien no respeta la Ley no defiende la democracia ni la libertad", rechazando a los Gobiernos que "como el suyo, no saben y son incapaces de liderar la sociedad, defender las instituciones, proteger a los ciudadanos".

La portavoz adjunta del PP ha rechazado el "falso modelo de co-gobernanza" del que los socialistas son "cómplices", aunque a la vez el presidente, Javier Lambán, "no ha defendido a los aragoneses ante el Gobiernno de España, que ha hecho una dejación de funciones y se ha dedicado más a conspirar contra los Gobiernos autonómicos para montarles mociones de censura en lugar de trabajar para salvar vidas".

Se ha remitido al Rey, Felipe VI, y a Felipe González para asegurar que "sin respeto a la Ley no hay democracia, sino inseguridad, arbitrariedad y quiebra de los principios morales de la sociedad".

GRUPOS

El diputado socialista, Darío Villagrasa, ha respondido a Vaquero que el Gobierno de Aragón se ha dedicado a "trabajar mañana, tarde y noche en defensa de los derechos, las libertades, la seguridad y la protección de los ciudadanos ante una circunstancia de enorme complejidad, como nunca antes un Gobierno se había tenido que enfrentar".

Desde Cs, Beatriz García ha destacado el "ejercicio de responsabilidad" de este partido al apoyar, en 2020, esta ley, también para apoyar todas las prórrogas del estado de alarma en las Cortes Generales. Ha lamentado que el presidente del Ejecutivo central, Pedro Sánchez, "dejó a las comunidades al albur de su capacidad de legislar para afrontar esta crisis", frente a lo que Cs ha defendido "que no hubiera 17 regímenes especiales".

La diputada de Podemos Equo, Itxaso Cabrera, ha defendido la sanidad pública y el "escudo social" que "indica que la salida debe ser por la izquierda", apoyando la prohibición de los cortes de suministro de agua, electricidad y gas, así como la aprobación de los ERTE y la protección de autónomos y pymes. "El virus permanecerá", ha avisado.

La parlamentaria de CHA, Isabel Lasobras, ha advertido de que "la pandemia continúa entre nosotros" y ha pedido "prudencia", añadiendo que la quinta ola "no puede ser tomada a la ligera". También ha dicho que "será muy difícil volver a la nueva normalidad".

El portavoz de VOX, Santiago Morón ha señalado que este grupo votó en contra de la ley al dudar de su constitucionalidad y por considerar que genera "inseguridad jurídica", lamentando que se están dando "17 respuestas" a la crisis y, además, "no se ha conseguido frenar la pandemia", no se ha compensado la falta de actividad comercial y productiva con el resultado de "muerte, inseguridad, ruina y desconcierto".

En representación del PAR, Esther Peirat ha opinado que esta ley permite "actuar de manera contundente para la protección de los aragoneses", aunque "la realidad ha superado a todo lo previsto". Ha puesto de relieve el apoyo a esta ley de la mayor parte de la cámara y "lo importante que es que Aragón disponga de las competencias necesarias" para aprobar y desarrollar esta "normativa muy específica".

El diputado de IU, Álvaro Sanz, ha rechazado "el discurso catastrofista de las derechas" respecto a esta ley y ha lamentado que el debate se ha centrado en "poner en tela de juicio nuestra capacidad" para legislar, tras lo que ha defendido la "gestión compartida", que "tiene que avanzar mucho más hacia el federalismo".