Es una recaudación que también adeuda en el caso de las comunidades autónomas, según ha indicado este martes el secretario general del PP en Granada, Jorge Saavedra, quien ha reclamado al Ejecutivo de Pedro Sánchez que "deje de discriminar a los ayuntamientos", la administración más cercana al ciudadano, y a los que, a su juicio, "el PSOE ha dado la espalda durante la gestión de la pandemia".

Mediante dicha iniciativa, los populares instarán también al Ejecutivo de Sánchez a que "ponga en marcha el fondo para la reconstrucción local de 3.000 millones" y el "fondo para paliar el déficit del transporte público local de 1.000 millones" que el PP ya le ha reclamado.

A ello le ha sumado otra exigencia: que el Gobierno de España permita a los ayuntamientos gestionar el "14,6 por ciento de los fondos de recuperación europeos" y que se presente "un proyecto de ley de modificación del actual sistema de financiación local que aporte seguridad jurídica y una financiación adecuada a las entidades locales".

Saavedra ha relatado que, en agosto de 2019, el Ejecutivo "afirmó que un Gobierno en funciones no podía actualizar el sistema de financiación autonómica ni local y justificaron dicha posición argumentando un inexistente informe de la Abogacía del Estado, que más adelante rebajó al nivel de consultas verbales".

En octubre de 2019, según ha continuado, "el Ejecutivo anunció que sí actualizaría los pagos de las entregas a cuenta de comunidades autónomas y entidades locales, tras haber desaparecido los supuestos impedimentos legales que esgrimía meses antes".

Sin embargo, en año 2020, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, según el PP, "afirmó, en una comparecencia posterior al Consejo de Ministros del 28 de enero, que no devolvería los 2.500 millones del IVA de 2017 a las comunidades autónomas y dijo que esa cantidad no existía", negativa que "hizo extensiva a las entidades locales en la sesión de la Comisión Nacional de Administración Local, celebrada el día 10 de febrero" del año pasado.

Un año después, el Tribunal Supremo "ha avalado" que Sánchez y Montero "discriminaron tanto a las comunidades autónomas como a las entidades locales al decidir, conscientemente, no atender sus obligaciones legales y no pagarles el IVA que les adeuda del ejercicio 2017".

Se ha referido así a la decisión de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Alto Tribunal, que ha estimado el recurso planteado en 2020 por la comunidad autónoma de Castilla y León, estableciendo mediante sentencia, y entre otros aspectos, que "se vulneró el derecho a la autonomía financiera de las comunidades autónomas, y por tanto también la de las entidades locales" y que el Gobierno "no aplicó el principio de lealtad institucional".