La Diputación de Cuenca estudia pagar la guardería a los padres desempleados

  • Se beneficiarán los que estén en paro desde el 1 de enero de 2008.
  • Esperan que comience a aplicarse en septiembre.
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Un grupo de niños duermen la siesta en una guardería.
Un grupo de niños duermen la siesta en una guardería.
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El equipo de Gobierno de la Diputación de Cuenca va a proponer que la institución pague el coste de las plazas de guarderías y centros de atención a la infancia (CAI) de la provincia a los niños cuyos padres hayan quedado en situación de
desempleo a partir del 1 de enero de 2008.
Hay que gestionar con solidaridad además de con eficacia y con responsabilidad

El anuncio ha sido hecho hoy por el presidente de la Diputación de Cuenca, Juan Ávila, quien ha adelantado que se va a proponer la adopción de la medida al pleno de la corporación provincial, para aplicarla en el curso 2009-2010, en la guardería que depende de la propia Diputación Provincial y en las guarderías y CAI que sean de titularidad municipal.

Se va a proponer que la Diputación de Cuenca pague el coste de la plaza de aquellos niños cuyos padres se hayan quedado en situación de desempleo con posterioridad al 1 de enero de 2008, ha especificado Ávila, quien considera que, ante una situación de crisis económica y financiera importante, "hay que gestionar con solidaridad además de con eficacia y con responsabilidad".

Por su parte, la vicepresidenta de la Diputación conquense, Carmen Torralba, ha dicho que se pretende ayudar a las familias y a los propios ayuntamientos, ya que el descenso en el número de niños que acuden a los CAI les supone un mayor coste en el mantenimiento del recurso.

1.200 plazas

Torralba ha informado que en la provincia hay actualmente 37 CAI, que tienen unas 1.200 plazas, mientras que se calcula que puede haber unas 200 familias que podrían beneficiarse de esta iniciativa.

De momento se está analizando la situación municipio por municipio para determinar cuántas personas podrían acogerse a esta medida, que Torralba confía en que pueda aprobarse en el pleno ordinario del mes de junio, para que comience a aplicarse en septiembre con el inicio del curso escolar.

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