Según las fuentes consultadas por Europa Press, después de que no prosperasen las reclamaciones administrativas de Vectrus, que desde 2015 ostentaba este contrato de gestión de los servicios civiles de la base, este viernes es el último día de "transición" entre tales empresas y este sábado KBR comenzará a ejercer plenamente como entidad gestora.

KBR releva así a Vectrus en este contrato de las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos en Europa y África, que respecto a esta base y diversas instalaciones militares ubicadas en Turquía, abarca servicios de ingeniería civil, apoyo logístico, salud, servicios de ambulancia, higiene industrial o servicios postales.

LOS ANTECEDENTES

KBR, recordémoslo, formaba parte de la sociedad Vinnell-Brown & Root Spain (VBR), adjudicataria de este mismo contrato de las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos en Europa entre 2010 y 2015, precisamente antes de que el mismo fuese encomendado a Vectrus.

En ese sentido, durante sus años de gestión de los servicios civiles de la base de Morón de la Frontera, cuya superficie corresponde al término municipal de Arahal, VBR acometió hasta tres expedientes de regulación de empleo (ERE) desprendiéndose de un total de 240 trabajadores, en su inmensa mayoría españoles, durante un periodo marcado por cierto por el crecimiento de la presencia militar estadounidense en la base.

El incremento de la actividad militar en la base fue tal, que España y Estados Unidos firmaron una enmienda al convenio bilateral de cooperación que desde 1988 regula el uso de esta base, para que el contingente estadounidense radicado en Morón pasase de un límite de 850 infantes de marina y 17 aeronaves, a un despliegue máximo permanente de 2.200 militares, 500 civiles y 21 aeronaves.

LA SUSTITUCIÓN DEL PERSONAL ESPAÑOL

El comité de empresa de la sociedad encargada de los servicios civiles de la base, encabezado por UGT en aquella etapa, avisaba ya de una estrategia predeterminada de sustituir paulatinamente a los trabajadores españoles por personal estadounidense o directamente por militares.

El último de estos ERE fue consumado en 2014 con el despido de 55 trabajadores, un despido colectivo declarado "ajustado a derecho" por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), que a través de una sentencia emitida en octubre de 2015, avalada después por el Tribunal Supremo y recogida por Europa Press, desestimaba el recurso de los trabajadores y no entraba siquiera a conocer las "pretensiones" deducidas por los recurrentes contra Estados Unidos y la Usafe, dada su "inmunidad de jurisdicción".

Y es que según el TSJA, en el convenio bilateral de defensa entre España y Estados Unidos "se hace valer expresamente por los Estados Unidos su inmunidad ante los tribunales españoles, respecto de su gobierno y fuerzas armadas, por los procesos promovidos por los empleados de las contratistas que efectúan sus trabajos en España para las Fuerzas de Estados Unidos".

Así, el Alto tribunal andaluz circunscribía el conflicto a "la extinción de unos contratos de trabajo entre una contratista y sus trabajadores y en ningún caso entre Estados Unidos y éstos", reclamando la plantilla que las autoridades españolas aprovechen la revisión del convenio bilateral de defensa con Estados Unidos, para introducir garantías y mejoras laborales en favor de los trabajadores.