El Síndic advierte que sigue agravándose la emergencia social en Cataluña por la falta de vivienda

  • Ribó ha insistido en la necesidad de hacer un Pacto Nacional para resolver la emergencia habitacional.
  • Ha definido la condena del 1-O como "una de las mayores injusticias" que se han cometido desde la muerte del dictador.
El Síndic de Greuges, Rafael Ribó, durante la presentación de su informe ante el pleno del Parlament de Catalunya que se celebra este jueves.
El Síndic de Greuges, Rafael Ribó, durante la presentación de su informe ante el pleno del Parlament de Catalunya que se celebra este jueves.
Enric Fontcuberta / EFE / Pool
El Síndic de Greuges, Rafael Ribó, durante la presentación de su informe ante el pleno del Parlament de Catalunya que se celebra este jueves.

El Síndic de Greuges, Rafael Ribó, ha advertido este jueves que sigue agravándose "la emergencia social por la falta de vivienda" en Cataluña. En su intervención en la sesión de control del Parlament, ha insistido en la necesidad de hacer un Pacto Nacional para resolver la emergencia habitacional entre todas las fuerzas parlamentarias.

En la presentación del informe del Síndic de Greuges de 2019, Ribó ha señalado que "falta una respuesta suficiente a situaciones de emergencia social y económica, y hace tiempo que pedimos un plan de choque", y ha advertido que la situación se ha agravado por la pandemia.

Sobre la renta garantizada de ciudadanía, ha considerado que "aún se arrastran incidencias e incertidumbres" respecto al año 2019, y ha pedido más información y claridad a la hora de tramitarla y una mejor valoración de las solicitudes para evitar denegaciones improcedentes.

En materia de educación, cree que el problema principal en Cataluña es la desigualdad y la segregación y pone en valor que en 2019 el Síndic firmó el Pacto contra la Segregación Escolar y que ahora "comienza a dar resultados por ejemplo con el nuevo decreto de admisión", además de pedir abordar mejor la escuela inclusiva.

Otros temas tratados han sido la necesidad de revertir las largas listas de espera de la sanidad pública para visitas y operaciones quirúrgicas; así como la "estigmatización y menosprecio hacia los menores migrantes" y pide actuaciones positivas en la acogida y acabar con este ataque a la convivencia social, en sus palabras.

El Síndic ha destacado que de las "más de 30.000 personas que atendió en 2019", se han hecho un total de 26.258 expedientes, se abrieron 222 actuaciones de oficio, recibieron 8.843 consultas, y que el 32% de este volumen de trabajo se refiere a derechos sociales.

Condena del 1-O, "una de las mayores injusticias" desde la dictadura

Ribó ha definido la condena de los presos del 1-O como "una de las mayores injusticias que se han cometido desde la muerte del dictador", y ha defendido que la solución no es la reforma del Código Penal o los indultos, sino la amnistía.

En el informe, el Síndic tacha la sentencia de los presos del 1-O de absolutamente desproporcionada y fuera de contexto, y pide acabar con las causas de "muchas personas, centenares, de ideologías diferentes y que tienen papeles diferentes en el 1-O, desde manifestantes a agentes".

Críticas al Síndic

En el debate, la diputada del PSC Marta Moreta ha tachado el informe de intemporal porque con la Covid-19 todas las cuestiones han cambiado mucho, ha acusado al Síndic de haber sido en los últimos 10 años "una pieza más del tablero de ajedrez" independentista, y ha puesto en cuestión su ética profesional, por lo que cree que ya debería haber dimitido.

Sergio Macián (Vox) ha reprochado al Síndic que "más que defensor del pueblo actúa como correa de transmisión del Govern separatista", y le ha afeado denunciar en este y otros informes el encarcelamiento de los líderes del 1-O pero no la vulneración sistemática de los derechos de los catalanes que cree que se ha hecho el Parlament y las instituciones catalanas.

Desde los comuns, Joan Carles Gallego ve una anomalía abordar este año un informe de 2019 y también ha urgido a relevar a Ribó para dar un nuevo impulso a la institución porque, a su juicio, Cataluña no puede depender de la buena o mala relación entre ERC y Junts: "Hay quien se cree que vive en el país del 51%", y ha enfatizado su preocupación por cuestiones que recoge el Síndic en vivienda, salud, el modelo residencial y la lucha contra la violencia machista.

El diputado de Cs Nacho Martín Blanco ha afeado a Ribó ser "un síndic fundamentalmente de la parte de la ciudadanía que profesa la fe independentista" y ha lamentado la vulneración de derechos que ha habido en ámbitos como la propiedad privada, la libertad de circulación, en salud y en colectivos como los Mossos d'Esquadra, Policía Nacional y Guardia Civil.

En la misma línea se ha pronunciado Lorena Roldán (PP), que ha acusado a Ribó de hacer informes de parte en favor de los independentistas, pese a ser una institución que pagan todos los catalanes, por lo que cree que se le recordará como el menos independiente: "Como blanqueador del separatismo es más efectivo que la lejía. Es el 'Mr. Proper' del separatismo".

Amnistía

La republicana Najat Driouech ha dicho que en el informe del Síndic de 2019 ya constaban "abusos en las detenciones policiales", ha urgido a un nuevo modelo de orden público en Cataluña y ha insitido en que la condena a los líderes del 1-O fue grave y una brutalidad, en sus palabras, y que para ella la solución es la amnistía y la autodeterminación.

Jaume Alonso-Cuevillas (Junts) ha tildado al sistema judicial de órgano que "cuando se trata de disidencia utiliza el derecho como un mecanismo de represión", y ha lamentado que, ante los mismos hechos, el Tribunal Supremo condenara a los líderes del 1-O a penas de entre 9 y 13 años de cárcel mientras que la Audiencia Nacional dictó sentencia absolutoria a la cúpula judicial de los Mossos.

El 'cupaire' Carles Riera ha lamentado que no se haya renovado la figura del Síndic, con un mandato caducado desde marzo de 2019, pese a hacer una valoración positiva del trabajo realizado, y sobre el informe ha lamentado las vulneraciones y discriminaciones que hay en vivienda, en materia laboral, en salud, y en derechos civiles y políticos en el marco del proceso independentista y cuya "solución democrática pasa por la amnistía y autodeterminación".

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