En un reciente informe, el Consello Consultivo de Galicia concluyó que este artículo de la Ley de Cambio Climático era inconstitucional al considerar que afectaría tanto a los plazos de duración de las concesiones -y de las prórrogas otorgadas- antes de que la norma entre en vigor como también a la validez de los actos administrativos que se hubieran "dictado" al amparo de la normativa anterior.

Esta cuestión, provocó que la Xunta anunciase que recurriría al Tribunal Constitucional si no se modificaba al texto, pues considera que tiene como fin limitar la duración de las concesiones de la Ley de Costas, con una derogación del plazo de hasta 75 años de prórroga extraordinaria, y la puesta en riesgo del sector mar-industria gallego, a su juicio.

Precisamente, esa palabra de "dictado" es la que se cambia ahora en la enmienda aceptada en el Senado con la redacción de que "se dicten tras la entrada en vigor" para matizar que no habrá efectos rectroactivos.

Al respecto, el coordinador de los socialistas gallegos en el Senado, Xoaquín Fernández Leiceaga, ha destacado que la aprobación de esta enmienda sirve para "despejar cualquier sombra de duda" que pudiese haber sobre la retroactividad de la norma, que se refiera a "los actos que se dicten" y no "a los dictados".

En un comunicado, el socialista gallego remarca que ninguna ley tienen efectos retroactivos, pero opina que ahora se excluye cualquier sospecha. Por todo ello, asegura que el sector puede tener "total tranquilidad".

Otra de las enmiendas de Cs aceptadas pasa por matizar que, en el caso de las instalaciones industriales, ese plazo de duración del título de concesión comenzará a contar desde el inicio de la actividad industrial para la que se concedió ese permiso, en vez de hacerlo desde el otorgamiento de la concesión.

RESPALDO, SALVO VOX Y PP

La aprobación en el Senado ha contado con el respaldo de todos los grupos parlamentarios, excepto el de Vox, que ha votado en contra, y el PP, que finalmente se ha abstenido.

En el Congreso de los Diputados, PP y Más País se abstuvieron, mientras que en la Cámara alta el PP ha mantenido su abstención y Más País se ha decantado finamente por apoyar la ley.

No obstante, pese al mayoritario respaldo, todos los grupos de la oposición han criticado que el proyecto legislativo se haya tramitado por el procedimiento de urgencia, de modo los senadores apenas han contado con 14 días para presentar y analizar 585 enmiendas, un plazo que dada la "importancia" y "trascendencia" para el futuro del país distintos senadores han calificado cuanto menos de "insuficiente".

Asimismo, han manifestado que esta urgencia ha impedido un debate sosegado y ha ninguneado las funciones de representación territorial de la Cámara alta que queda como "un órgano de lectura rápida", entre otras críticas. De hecho, varios grupos han destacado que el hecho de que se hayan planteado cerca de 600 enmiendas al texto da cuenta de lo "apresurado" del procedimiento y de la capacidad y voluntad de los grupos de mejorar la norma.

El único grupo que se ha opuesto, Vox, presentó un veto a la ley para que el proyecto fuera devuelto al Gobierno y que ha obtenido el rechazo del resto de grupos parlamentarios.

La vicepresidenta del Senado y senadora socialista, Cristina Narbona, ha rechazado con "toda contundencia" el veto presentado por Vox en "cada uno de los elementos esgrimidos" y porque el modelo social, económico y político que defiende su grupo parlamentario está "en las antípodas" de la formación verde.

De hecho, ha afirmado que el cambio climático está en el primer lugar de las prioridades socialistas porque supone un "desafío ético a escala global" y una "amenaza a los derechos humanos". En la misma línea, han rechazado el veto de Vox el resto de formaciones.

Desde el PP, el senador José Manuel Juncal ha criticado la tramitación de urgencia de una ley como esta porque "deja en entredicho el trabajo de la Cámara" sin razón alguna "más allá de la propaganda y la publicidad" del Gobierno que quiere adueñarse de la etiqueta de "los más verdes" y lamenta la falta de debate para que esta hubiera sido "una ley de todos". Así los populares han votado a favor de 110 enmiendas "de todos los grupos" en aras del consenso y ha señalado que le hubiera gustado votar a favor pero que el PSOE lo ha hecho "imposible".

El resto de grupos de la oposición, desde PRC, Geroa Bai, EH-BILDU, Coalición Canaria, Agrupación Socialista Gomera, Compromís, UPN, PAR, JxC, ERC, CS y PNV han lamentado el procedimiento de tramitación que ha impedido un debate "sosegado" y "suficiente". Solo Adelante Andalucía ha manifestado que la urgente necesidad de contar con la nueva ley justifica de por sí el procedimiento de urgencia de la norma.

Sin embargo, han defendido la "necesidad" de la ley cuyos objetivos han sido calificados de "poco ambiciosos" para mitigar el daño que provocará el cambio climático. Si bien, han dado la "bienvenida" a esta la Ley con la que España deberá cumplir sus compromisos internacionales y europeos adquiridos para contribuir a limitar a 1,5ºC el aumento de la temperatura global de aquí a final de siglo.

El último en cerrar el debate ha sido el senador socialista Ander Gil, quien ha celebrado que la ley salga adelante porque lo contrario "no se entendería" y dirigiéndose a los senadores les ha dicho que son "protagonistas" de una ley de la que se sentirán "muy orgullosos" cuando echen la vista atrás. "Tenemos en nuestras manos nuestro destino y el de nuestros hijos y no podemos fallarles", ha concluido.

OTRAS INCORPORACIONES

Por otro lado, los grupos han pactado una enmienda para suprimir una disposición final de la ley, la duodécima, para que los municipios en áreas con centrales nucleares tengan la posibilidad de participar en las decisiones relativas a los planes de residuos de estas instalaciones.

De ese modo, se recupera la redacción inicial del proyecto legislativo, que no incluía tal disposición final, tras considerar los grupos que suponía una invasión de competencias municipales.

Otra de las incorporaciones es una enmienda, presentada por el senador balear de MES Vicen Vidal para mejorar la protección expresa de las praderas de posidonia en el marco del artículo 22, que recoge que los desarrollos de energías renovables deben garantizar y mantener los valores ambientales y paisajísticos y compensar los beneficios que generan en aquellos lugares donde se aprovechan sus recursos así como las afecciones de estos desarrollos en el medio ambiente.

Una vez aprobada la Ley de Cambio Climático en el pleno, ahora la Cámara alta devolverá al Congreso de los Diputados el texto normativo para que incorpore estos últimos cambios y de finalmente luz verde a la primera ley climática nacional, seis años después de que España suscribiera en 2015 y ratificara en 2016 el Acuerdo del Clima de París.

Los objetivos de la ley prevén una reducción de los gases de efecto invernadero del 23% de aquí a 2030 respecto a 1990 y la supresión de los vehículos de combustión a más tardar en 2040; entre otras. Con estas y otras propuestas, la Ley fija el objetivo de que España alcance, a más tardar, en 2050 la neutralidad climática.