El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) no planteará un conflicto de atribuciones contra el Congreso ni pedirá al Defensor del Pueblo que interponga un recurso de inconstitucionalidad contra la ley con la que PSOE y Podemos decidieron limitar su poder mientras los 20 vocales y el presidente estaban en funciones, como ocurre actualmente. Todo ello, pese a las críticas a la ley del propio gabinete jurídico del órgano y de más de 2.500 jueces.
En un Pleno extraordinario celebrado este miércoles, los ocho jueces que forzaron su celebración se han quedado solos en su petición de elevar al Constitucional la guerra contra el articulado del Ejecutivo, que entró en vigor a comienzos de este mes y que les impide, entre otras cosas, seguir realizando nombramientos hasta que no se renueve el órgano. Según fuentes judiciales, el resultado ha sido de ocho votos a favor y los otros 13, en contra.
El conflicto de atribuciones que planteaban los proponentes contaba con el antecedente ocurrido en 1985. Entonces, el Consejo recurrió contra el Congreso, como se pedía hacer esta vez, y el conflicto tardó un año en resolverse, un plazo que amenazaba con ser similar esta vez. Y es que, de haber salido un resultado favorable al conflicto, primero deberían haber requerido al Congreso que retirara la ley, esperar un mes y solo si la Cámara decidía seguir igual, plantear el conflicto al Constitucional.
También los magistrados han rechazado solicitar al Defensor del Pueblo que interpusiera un recurso de inconstitucionalidad, pues el Consejo no estaba legitimado para presentarlo por sí solo. El fracaso de la votación de este miércoles contrasta con el informe solicitado por el propio presidente del CGPJ y del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, y realizado por el gabinete jurídico. En el documento, se advertía de que la ley podía llevar a su "atrofia y paralización".
"[La reforma] puede llevar a la indeseable consecuencia de la atrofia y paralización del CGPJ al verse privado de la posibilidad de ejercer sus facultades", podía leerse en el documento, que aunque no entró a valorar el ajuste constitucional de la norma aseguraba que el Consejo, aun estando en funciones, debía tener competencias "próximas" a las que tendría si hubiera sido renovado.
La reforma del Ejecutivo, que contó con el apoyo en el Congreso de 196 diputados (la mayoría absoluta se sitúa en 176), también levantó la crítica de tres de las cuatro asociaciones judiciales, que representan a más de 2.500 jueces. En un escrito enviado a la Unión Europea, llegaron a pedir hasta un procedimiento sancionador a España, aunque la mayor crítica era hacia el proyecto de ley ya retirado con el que el Gobierno pretendía rebajar de una mayoría cualificada de 3/5 a una mayoría absoluta los resultados parlamentarios para renovar el órgano.
La retirada de esa propuesta la comunicó el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, el pasado 20 de abril en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. "Para evitar los focos, se propondrá a los grupos [PSOE y Unidas Podemos] que la retiren", dijo. Después, la UE pidió otra reforma para que al menos la mitad de los vocales del CGPJ fueran elegidos por los propios jueces, petición a la que se suman las principales asociaciones.
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