El acoso al que fue sometido la víctima, que fue acusado de explotador laboral y acosador sexual, según el Ministerio Fiscal, le llevó a cerrar el negocio.

De acuerdo al relato fiscal, una de las acusadas trabajaba en la confitería La Suiza, en la avenida de Schultz de Gijón, cuando el día 15 de junio de 2016 avisó a su pareja sentimental para que fuera a recogerla al trabajo y llevarla al hospital, dado que se encontrabaembarazada y tenía pérdidas.

Ese día, la pareja de esta, llegó muy alterado al local y, tras dirigirse a voces hacia el propietario, rompió de un puñetazo un armario congelador.

Tras estos hechos, la acusada quedó en situación de baja laboral por riesgo de aborto, permaneciendo de baja hasta mayo de 2017, no volviendo a trabajar más en la pastelería.

El dueño del negocio denunció al agresor por daños y amenazas, siendo celebrado el juicio en mayo. Si bien la Fiscalía pidió penas de multa, la acusación solicitaba un año y tres meses de prisión.

La empleada de la confitería contactó entonces con el sindicato CNT con un doble objetivo: obtener el mayor dinero posible de la extinción de su relación laboral con La Suiza y evitar la acusación contra su pareja.

Acordaron entonces iniciar una campaña de presión contra el dueño de la confitería y su familia, al objeto de que cediera a abonar una indemnización de despido a su empleada, y retirara la acusación contra la pareja de esta.

Los acusados iniciaron esta campaña de presión remitiendo el20 de abril de 2017 un burofax al dueño del establecimiento desde la CNT, en la que se le instaba a reunirse con el sindicato.

Como quiera que el dueño de la confitería, a través de su abogado, les contestó que cualquier reclamación se la hicieran a través de su representante legal, los acusados decidieron iniciar de inmediato "actos de hostigamiento" contra el empresario.

Desde la CNT volvieron a insistir en que hablara con ellos, personándose en la pastelería y colocándose delante delestablecimiento con pancartas, dificultando el paso al local ala clientela del mismo.

Paralelamente, los acusados decidieron confeccionar y difundir un vídeo en el que se trataba al empresario como un acosador sexual de la hoy acusada.

Para ello, contaron con la colaboración de otro de los procesados,activista, que el 26 de abril se encontraba invitado en el localque la CNT para dar una conferencia.

Ese se desplazó junto con otras tres acusadas a las inmediaciones de la pastelería La Suiza y realizaron un vídeo en el que, tras exponer el activista sindical que estaban delante del local para denunciar un caso de acoso laboral, una de las procesadas relató cómo una trabajadora de ese establecimiento habría sufrido acoso sexual ylaboral durante aproximadamente dos años por parte del dueño, instando las tres acusadas a movilizarse y a difundir desde las redes sociales el supuesto acoso laboral y sexual.

VÍDEO-DENUNCIA

El vídeo fue publicado en la página de Facebook del sindicato CNT el mismo día 26 de abril de 2017 y fue visto por numerosos usuarios de la red, que comenzaron a efectuar comentarios negativos y despectivos hacia el negocio, al que recomendaban no ir.

El 29 de abril de 2017, desde la página de Facebook del sindicato CNT de Gijón se volvieron a efectuar publicaciones relativas a la pastelería La Suiza, recogiéndose expresiones denigrantes hacia su propietario.

Entre ellas: "El maestro pastelero tiene un currículum envidiable en el sector del esclavismo laboral, el baboseo machista, la humillación a sus empleadas y la crueldad humana", exigiéndole, como"torturador, explotador y acosador", que diera una solución a su empleada y pidiendo simultáneamente que se boicoteara a la pastelería.

En el momento en que se efectuaron estas publicaciones, laacusada ex empleada de la pastelería no había presentado denuncia penal alguna por acoso ni por ningún delito contra la libertad sexual, ni tampoco había efectuado reclamación alguna en el ámbito dela jurisdicción laboral.

El dueño del negocio, tras tener conocimiento de estas publicaciones, el 26 de abril de 2017 presentó una denuncia en la Comisaría del Cuerpo Nacional de Policía de Gijón, "en un intentodesesperado de poner fin a las mismas y evitar que la reputación de su negocio se viniera abajo", señala la Fiscalía.

Los acusados, a excepción del activista sindical, el cual ya no tuvo ninguna otra intervención después del vídeo, incrementaron las mismas.

Realizaron acciones como portar banderas y pancartas del sindicato CNT a las puertas de la pastelería La Suiza e increpar al dueño, dificultar la entrada y salida de clientes del establecimiento y entregar a la gente que pasaba por la calle pasquines en los que se utilizaban expresiones y manifestaciones similares a las que se habían difundido a través de Facebook.

Tras estas acciones iniciales, el 4 de mayo de 2017, tres de las acusadas acudieron a la pastelería y, tras penetrar en su interior, dijeron a la familia del dueño que tenían que entregar una cantidad determinada de dinero a la ex empleada en concepto de despido improcedente y retirar la denuncia penal contra su compañero sentimental.

Tras esta visita, se concertó una reunión ese mismo día por la tarde en el despacho del abogado del dueño, a la que asistió, por una parte, este último y su hijo y, por la otra parte, dos de los ahora acusados.

En esta reunión, uno de los procesados exigió de nuevo el dinero solicitado, unos 6.039 euros como indemnización por un despido que no se había producido y que retirara la acusación formulada contra el compañero sentimental de la ex empleada, entre otras peticiones.

El 5 de mayo de 2017, el abogado del dueño de la pastelería llamó a uno de los acusados, comunicándole que no iban a acceder a la entrega del dinero ni tampoco a retirar las denuncias.

Como consecuencia de lo anterior, y "en represalia" por no acceder a sus pretensiones, los acusados decidieron incrementar las acciones de boicot y presión hacia La Suiza.

Se llevaron a cabo entonces diversas concentraciones delante del local en las que megáfono en mano se llamaba acosador y explotador sexual al empresario, se incitaba a que no se acudiera al negocio, aobligar a cerrar al local y a no entrar a él.

Después del juicio contra la pareja de la ex empleada, se convocaron varias concentraciones e incluso se llegó a cortar el tráfico. Todo hasta el 19 de septiembre, en la que se "jactaron de que se hubiera cerrado el negocio.

La Acusación pública señala que el cierre fue "la consecuencia directa a la presión constante, reiterada y desproporcionada de los acusados".

Asimismo, se indica que estas concentraciones generaron "un clima insostenible de inquietud, intranquilidad e inseguridad", no solo alempresario y su familia, sino también a otros empleados y a la clientela. El empresario sufrió ansiedad y acabó cerrando el negocio.

La Fiscalía imputa a los ocho acusados de un delito de coacciones graves y de un delito contra la Administración de Justicia a todos ellos menos al activista sindical.

Por este motivo, el Ministerio Público solicita para cada uno de ellos por el primer delito 14 meses de prisión. En el caso del segundo delito, la pena de 18 meses de prisión y multa 12 meses con cuota diaria de ocho euros.

Se pide además, como indemnización al dueño del negocio, por los daños morales causados y los perjuicios económicos derivados del cierre de su negocio, la suma de 60.000 euros, con los intereses legales correspondientes, así como el abono de las costas procesales.