El PP ha solicitado ejercer la acusación popular en la causa abierta en el juzgado de Instrucción número 15 de Madrid contra el que fuera presidente en funciones de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) Bartolomé Lora y el consejo del organismo, por el rescate de Plus Ultra.

En un escrito, avanzado este lunes por el diario ABC, la formación política considera que los hechos "resultan de una indiscutible gravedad" al tratarse de posibles delitos públicos "de indudable trascendencia social y donde resulta esencial el restablecimiento y defensa de la legalidad".

La investigación parte de una denuncia del sindicato Manos Limpias por presunta malversación en el rescate a Plus Ultra, aprobado por el Gobierno el pasado 9 de marzo y que consiste en 53 millones de euros en préstamos del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas de la SEPI.

En concreto, se dirige contra Lora, que actualmente ocupa el cargo de vicepresidente del organismo, y su consejo de administración.

Cuatro secretarias de Estado 

Entre los miembros del consejo de la SEPI figuran cuatro secretarias de Estado: Esperanza Casteleiro (Defensa), Inés María Bardón (Hacienda), Sara Aagesen (Energía) y Ana de la Cueva (Economía y Apoyo a la Empresa).

Figuran también el secretario general de Industria y Pyme, Raúl Blanco, la directora del Gabinete de la vicepresidenta primera del Gobierno, María Isabel Valldecabres, y el director del Gabinete de la ministra de Hacienda, Carlos Moreno.

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En ello hace hincapié el PP, que en su escrito recuerda que los hechos bajo sospecha "afectan a altos cargos de la Administración e incluso podrían resultar involucrados algunos miembros del Gobierno" ya que las ayudas "resultan concedidas por acuerdo del Consejo de Ministros".

En opinión de la formación que preside Pablo Casado, este relato justifica "aún más si cabe, la personación de un partido político en la causa".

Antes de personarse en esta causa, el PP ya solicitó la creación de una comisión de investigación en el Congreso sobre la ayuda concedida a Plus Ultra, al considerar que es una empresa española "no estratégica" con gran peso de capital venezolano y panameño.

El proceso de instrucción está aún en su fase inicial, y aunque la jueza ha solicitado documentación con relación a la denuncia, aún no ha llamado a nadie a declarar en calidad de investigado ni testigo.