A través de este escrito, recogido por Europa Press, las entidades señalan que, las medidas con las que España cuenta actualmente en esta materia ponen "en riesgo la vida de miles de personas" y sitúa al país, "fuera del marco internacional de los derechos humanos.

A su juicio, la "apuesta por las medidas de disuasión y externalización de fronteras y de bloqueo al desplazamiento y a la libre circulación", provocan la "criminalización de la migración, la vulneración de los derechos más fundamentales y empuja a las personas a emprender travesías cada vez más largas e inseguras".

"Lo que está ocurriendo en las islas Canarias muestra dramáticamente las consecuencias de este modelo", explica la misiva. A su juicio, el Ministerio del Interior está "limitando el traslado y desplazamiento a la Península de las personas que están llegando a las costas canarias, contraviniendo la legislación vigente" y critica su apuesta por "la creación de los macrocentros de 'contención'" dispuestos en el Plan Canarias.

UNA SITUACIÓN QUE APROVECHAN LOS DISCURSOS DE ODIO

"Esta forma de intervención no solo incumple con el respeto a los derechos humanos de manera reiterada, sino que también provoca el deterioro de la salud física y psíquica de los miles de personas retenidas", insisten las ONG.

También denuncian que, en el caso de solicitantes de protección internacional, se está incumpliendo la jurisprudencia del Tribunal Supremo que indica que "el solicitante de asilo ostenta el derecho fundamental de la libertad de circulación por todo el territorio español y de poder fijar libremente su residencia en todo el territorio nacional".

A su juicio, toda esta situación "genera una sensación de abandono e inseguridad entre la población residente en Canarias", que "es aprovechada por quienes alimentan los discursos de odio para promover la división social y criminalizar a las personas migrantes".

Es por eso que, este martes, las ONG van a presentar sus reclamaciones en rueda de prensa, para explicar la necesidad de que, en este tema, se pongan las medidas necesarias para garantizar el derecho a la libertad y seguridad de las personas migrantes; proporcionarles asistencia y protección; y asegurarles la transparencia y aplicación del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, entra otras.