La Audiencia Nacional abre diligencias para investigar a los piratas apresados en Somalia

  • El juez Andreu inicia el proceso para saber si tiene competencias.
  • Siete piratas fueron capturados el miércoles por militares españoles.
  • La Audiencia tiene pruebas "evidentes" de que son piratas.
Un pirata apunta con su arma a varias personas secuestradas, en una foto de archivo.
Un pirata apunta con su arma a varias personas secuestradas, en una foto de archivo.
20MINUTOS.ES
Un pirata apunta con su arma a varias personas secuestradas, en una foto de archivo.

La Audiencia Nacional ha abierto diligencias para determinar su competencia para investigar a los siete piratas apresados el miércoles en aguas de Somalia por los militares españoles, tras recibir del Ministerio de Defensa "pruebas evidentes" de que han cometido un delito de piratería.

El buque "Marqués de la Ensenada", integrado en la operación "Atalanta" de la UE contra la piratería frente a las costas somalíes, rescató y retuvo a un grupo de siete presuntos piratas que cayeron al agua tras intentar abordar a un barco de bandera panameña.

El capitán del buque español ha afirmado que han recuperado objetos suficientes -como la embarcación, un GPS o una escala- para que puedan ser juzgados por piratería.

Papel de la Audiencia

Las primeras pruebas remitidas el miércoles a la Audiencia y otras enviadas esta mañana por Defensa han permitido al juez de guardia Fernando Andreu, del juzgado de Instrucción Número Cuatro, tomar la decisión de abrir diligencias.

En caso de que la Audiencia decida inhibirse, las autoridades españolas deberán gestionar a través de la UE la entrega a Kenia de los siete piratas, que se encuentran retenidos a bordo del buque español.

La reforma del Código Penal, aprobada el pasado 14 de noviembre por el Gobierno, incluye la creación de un nuevo delito de piratería, castigado con entre 10 y 15 años de prisión, para casos como el pesquero "Playa de Bakio", secuestrado hace un año frente a las costas de Somalia.

Aunque esta reforma todavía no ha entrado en vigor, fuentes jurídicas han explicado que el juez Andreu ha adoptado esta decisión al haberse producido los hechos en aguas internacionales.

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