Desde que empezó la pandemia, los sucesivos ministros de Sanidad, Salvador Illa y Carolina Darias, se han reunido en 76 ocasiones con los consejeros autonómicos en el Consejo Interterritorial de Sanidad, en encuentros donde se han propuesto, debatido, rechazado y aprobado importantes medidas sobre restricciones de movimientos o reunión o sobre el proceso de vacunación. Sin embargo, todas esas discusiones siguen sin ser públicas y las actas de estas reuniones o, más bien, sus borradores, secretos. El Ministerio de Sanidad se escuda en el reglamento del Consejo Interterritorial, que dice que sólo pueden aprobarse en sesión ordinaria y en que desde que empezó la pandemia solo ha habido reuniones extraordinarias.

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Esta es la justificación que da Sanidad a este periódico para denegar el acceso a las actas de una reunión en concreto, la que el pasado 7 de abril decidió suspender la vacunación con AstraZeneca en los menores de 60 años. Fue horas después de que la Agencia Europea de Medicamento (EMA) hallara "posibles vínculos" entre este suero y las escasas y raras trombosis que se estaban conociendo en Europa, y de que también insistiera en que los beneficios de esta vacuna superan "con mucho" a los riesgos.

La respuesta del Portal de Transparencia es inadmitir el acceso a la información porque se trata de una materia que está "en curso de elaboración o de publicación en general". Según se explica, esto es así porque el acta de esta reunión no está aprobada todavía, como tampoco lo están las actas de las otras 75 reuniones del Consejo Interterritorial que se han celebrado desde marzo de 2020. Todas con carácter extraordinario, lo que, según el reglamento de este órgano, impide aprobarlas.

"Durante el año 2020 y 2021 no se ha realizado ninguna sesión ordinaria por motivos de urgencia, con lo que no ha sido posible la aprobación de las mismas", responde Sanidad sobre las actas de sus reuniones con los consejeros autonómicos. En concreto, en 2020 se celebraron 68 Plenos del Consejos Interterritoriales de Sanidad y en lo que va de año, 18. La última reunión ordinaria, la que podría aprobar las actas, fue en 2019.

Órgano estrella

Sanidad se adhiere a este pretexto legal para denegar el acceso a los debates del Consejo Interterritorial de Sanidad, que se reúne todos los miércoles y que actualmente es el órgano estrella de la gestión de la pandemia. Durante la primera ola y el primer estado de alarma, el Gobierno centralizó el mando único en todo el país. Con el paso de las semanas, el presidente, Pedro Sánchez, empezó a escuchar directamente a las comunidades por medio de las reuniones con sus presidentes en la Conferencia de Presidentes que en la primavera del año pasado se hicieron semanales, todos los domingos.

Con la desescalada, la llegada a la 'nueva normalidad' primero y las sucesivas olas y el segundo estado de alarma después, el Gobierno instituyó la llamada "cogobernanza". Desde entonces, los gobiernos regionales son las autoridades competentes para aplicar en sus territorios restricciones y otras medidas, que pueden ser recomendaciones o directrices de obligado cumplimiento y que, precisamente, se acuerdan en el Consejo Interterritorial de Sanidad de los miércoles.

De cara al futuro, el Gobierno cuenta con que el Consejo Interterritorial siga siendo el órgano de decisión una vez que, como pretende, el estado de alarma se levante definitivamente el 9 de mayo. La idea de Sánchez es que sean los ministros y los consejeros allí quienes decidan qué medidas se toman a partir de entonces.

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Hasta ahora, ministros y consejeros han acordado las restricciones especiales en Navidad o Semana Santa, el polémico cierre de municipios con una incidencia acumulada superior a 500 casos por 100.000 habitantes que la Comunidad de Madrid recurrió ante los tribunales o, más recientemente, no administrar AstraZeneca los menores de 60 años.

En muchos casos, las decisiones llegan consensuadas por los directores generales de Salud que antes se reúnen en Consejo de Salud Pública pero allí también hay discusiones y discrepancias entre Gobierno y comunidades, que de momento no pueden quedar negro sobre blanco porque las actas no están aprobadas y no lo estarán hasta que no haya un Consejo Interterritorial ordinario.